“Nos están violentando nuestros derechos como
ciudadanos al no dejarnos transitar”
“Llevamos meses pidiendo el apoyo de la policía
Municipal y Estatal y nunca hubo una repuesta favorable. Nosotros hemos actuado
de esta manera por necesidad y por urgencia, no por gusto”.
Octavio Maganda Gallardo es promotor regional de la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Él como muchos otros
ciudadanos y ciudadanas del Estado sienten violentado su derecho al libre
tránsito por parte de militares que desde el lunes 27 de enero iniciaron un
operativo para desarmar a las Policías Ciudadanas, las cuales tiene presencia
en 14 municipios de la Costa Chica de Guerrero.
“Nos están violentando nuestros derechos como
ciudadanos al no dejarnos transitar, primero el pretexto era que no podíamos
pasar con armas, las dejamos, y ahora ni siquiera nos dejan pasar caminando”
Maganda Gallardo siente indignación por el sitio y
hostigamiento del que son objeto por parte de los retenes militares: “Tan
sólo para llegar del municipio de San Marcos a Tierra Colorada hay 8
retenes. Más que controlarnos solo están generando indignación, la poquita credibilidad
que teníamos en el Ejército la estamos perdiendo. El gobierno debe de utilizar
una mejor estrategia"
El jueves 23 de enero mujeres y hombres integrantes
del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana se congregaron en la
comunidad del Ocotito municipio de Chilpancingo por petición del Comisariado
Ejidal del municipio quien solicitó el apoyo al SSJC por la situación
constante de abusos y delitos por parte del crimen organizado. Al día siguiente
7 comunidades más del municipio de Chilpancingo se sumaron para organizar
Policías Ciudadanas en sus localidades.
A partir de la incorporación de estas nuevas
localidades del municipio de Chilpancingo, el 27 de enero el Ejército, la
Marina y la Policía Estatal comenzaron un operativo de desarme de las Policías
Ciudadanas de las comunidades de Ocotito y aledañas, y una ocupación
desproporcionada y amedrentadora en los 14 Municipios de la Costa Chica en
donde el sistema tiene presencia.
Para la promotora del Sistema de Justicia Ciudadano
Ruth Aylin Delgado Bahena las Policías Ciudadanas y el Sistema de Justicia se
está perfeccionado: “No estamos en contra de las instituciones, al contrario
buscamos nos ayuden a perfeccionar nuestro Sistema de Justicia y Seguridad (…) siempre
hemos estado abiertos al diálogo y a la coordinación".
“Llevamos meses pidiendo el apoyo de la policía
Municipal y Estatal y nunca hubo una repuesta favorable. Nosotros hemos actuado
de esta manera por necesidad y por urgencia, no por gusto”. "Nosotras,
mujeres, madres, hermanas nos sentimos más seguras con nuestra Policía
Ciudadana porque somos nostras y nosotros mismos quienes nos cuidamos”.
En respuesta, las comunidades llevaron a cabo el
día de hoy la Marcha por la Paz y Justicia que avanzó desde el Municipio de
Tierra Colorada hasta la localidad de Mazatlán (a solo 8 kilómetros de la
ciudad de Chilpancingo), con el objetivo de reiterar su apertura al diálogo con
los tres niveles de gobierno y manifestar que su interés primordial son la paz
y el desarrollo de la región.
Hasta el
día de hoy a las 8 de la noche, el recuento de la presencia de fuerzas
federales es de: ocho retenes militares que discrecionalmente impiden el paso a
ciudadanos y ciudadanas en la carretera federal entre los municipios de
Florencio Villarreal y San Marcos, 20 vehículos militares en el crucero de las
Cruces, seis a la altura de la comunidad de Llano Grande y ocho camionetas de
las policías federal y estatal.
La función de las fuerzas de seguridad federales no debe
de ser el de hostigar y violentar a las comunidades suscritas al Sistema de
Seguridad y Justicia Ciudadana. Al actuar de esta manera el Ejército no está
cumpliendo con su función de defender la integridad, la independencia y la
soberanía de la nación como los cita el artículo primero de la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, además pierde legitimidad ante la población
como lo expresa el artículo segundo de la ley de Disciplina y Fuerza Aérea
Mexicana que dice “El militar debe observar buen comportamiento, para que el
pueblo deposite su confianza”.
El Centro de Estudios
Ecuménico solicita se restablezca el diálogo entre el gobierno federal y el Sistema
de Seguridad y Justicia Ciudadana suspendido en agosto de 2013, el retiro del Ejército
y el respeto a las garantías constitucionales y derechos humanos de la
población, así como el restablecimiento de la paz en el Estado.
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