Soportan mixtecos explotación laboral

Advierte el Centro de Derechos Humanos de La Montaña abusos a los derechos humanos

Por Martín Fuentes | Junio 10, 2013 

ESTADO.-  Hacinados, sin seguro médico, prestaciones sociales o un contrato que los ampare, cerca de dos mil indígenas mixtecos guerrerenses, la tercera parte de ellos niños, trabajan de sol a sol en la cosecha de pepino, cebolla o chile, jalapeño o serrano, por unos cuantos pesos, lo que podría constituir violaciones a los derechos humanos, advierte Margarita Nemecio, del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Guerrero.

En campos de León, Silao, Romita, Manuel Doblado y San Francisco del Rincón, municipios de la región centro-oeste del estado es común, desde mayo pasado, observar a adultos y menores de edad de ambos sexos encorvados sobre una planta a la que arrancan su fruto, con rostro y cuello cubiertos para protegerse de la exposición prolongada a los rayos del sol, la característica imagen de los jornaleros migrantes, no es exclusiva de zonas agrícolas del norte del país, también en campos de cultivo de Silao y León se recurre al uso de mano de obra foránea.

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Sedesol, brinda a hijos de jornaleros agrícolas hasta dos alimentos diarios por un monto máximo de 480 pesos mensuales por niña, niño o adolescente menor de 14 años de edad a fin de favorecer la asistencia escolar y desincentivar el trabajo infantil agrícola.    

 

     En 2007, empresarios hortícolas de Sinaloa firmaron un Pacto Económico para la Erradicación de la Mano de Obra Infantil en la Agricultura, mismo que fue ratificado ante la Sedesol, la cual cuenta con el Programa Monarca para apoyar económicamente a familias que envían a sus hijos a primaria y dejan de trabajar en los campos de cultivo.

Procedentes de la región de La Montaña, en Guerrero, cientos de jornaleros migrantes indígenas arriban a cinco municipios de la región centro-oeste de Guanajuato, donde trabajan y viven en condiciones muy alejadas de las que garantizan una vida digna y que necesariamente violentan sus derechos humanos.

Es una zona donde abundan sistemas de riego por goteo o por aspersión, fija o móvil, y pozos profundos para extraer agua.

La presencia masiva de trabajadores agrícolas indígenas procedentes de otra entidad es, relativamente, un fenómeno reciente del cual no se recogieron testimonios anteriores a 2011, y aunque no hay un censo, se estima que este año arribaron aproximadamente dos mil, menores de edad poco más de una tercera parte. 

Muchísimo menos de los más de 100 mil que cada año arriban a Sinaloa, pero finalmente una cantidad significativa de personas que ameritan atención por parte de autoridades a través de diversos programas para que vivan y trabajen en mejores condiciones.

Foco de atención

Al respecto, Isabel Margarita Nemecio Nemesio, del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Guerrero, comentó que los jornaleros migrantes no se emplean con base en contratos formales y eso da pie a una serie de violaciones que van desde la forma en que son trasladados hasta los campos de cultivo hasta las condiciones en que son albergados.

Los indígenas guerrerenses se alojan en casas que rentan y en las que pernoctan hasta 42 personas a ras del suelo, fincas de dimensiones pequeñas por lo que cocinan afuera, con leña, en improvisados fogones.

El hacinamiento también se da cuando son trasladados a campos de cultivo en camionetas de diferentes capacidades, en las que desplazan a hombres, mujeres y menores de edad. 

“Para irla pasando”

Entre 300 y 400 entran a los campos sembrados de pepino, cebolla o chile, jalapeño o serrano, y aproximadamente una tercera parte de los que trabajan, son menores de edad, sin contar bebés a los que sus padres tienen cerca de ellos, sobre el surco, ni a pequeñines que ya caminan y se dedican a jugar en las orillas de la parcela.

“Nosotros venimos porque hay trabajo”, comentó un jornalero indígena de Guerrero, quien sobre el trabajo de niños y niñas comentó que si únicamente trabajan los adultos, “nada más no alcanza para irla pasando”. 

En la cosecha de chile les pagan a 12 pesos la arpilla, más dos pesos adicionales si también la cargan del surco a la plataforma del camión en que será trasladada a centros de consumo, si es jalapeño, pero si es serrano, más pequeño, por cada una que llenen y lleven al torton o al tráiler reciben 25 pesos.

Con ayuda de los pequeños, una familia puede llenar entre 25 y 30 arpillas en una jornada que puede prolongarse de las 07:30 de la mañana a las 15:30 de la tarde, a un ritmo vertiginoso porque se trabaja a destajo. 

Sin embargo, ese esquema es de palabra y, además, no cuentan con prestaciones sociales. 

Sin prestaciones

No cuentan con atención médica, y no asisten a la escuela los niños, que salen de este estado con sus padres en octubre para dirigirse a otro donde también puedan emplearse varios meses. 

Sobre todo en pequeños, la irritación de los ojos es notoria, y no se les procuran espacios deportivos ni recreativos, además de que en los campos agrícolas no disponen de sanitarios, ni de agua para consumo humano que sus padres llevan en envases de plástico.

Para completar el cuadro, las viviendas en las que viven adultos y menores –las cuales rentan en un promedio de mil 300 pesos mensuales- generalmente no cuentan con todos los servicios básicos.

Exigen intervención

Frente a esa situación, ¿qué se tendría que hacer?, se preguntó Margarita Nemecio, “pues sería justamente el actuar de las autoridades”, se respondió ella misma. 

Deben intervenir las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), del Trabajo y Previsión Social (STyPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el DIF y la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo, pero precisó que “cualquier estado receptor de mano de obra migrante, tiene una responsabilidad”.

Afirmó que lo ideal es que se impulsen programas de atención a migrantes jornaleros indígenas con participación de los tres niveles de gobierno, “y articular a la parte patronal, a quienes los emplean, y generar (de manera conjunta) mejores condiciones de vida en el campo y que de ahí pueda forjar otro tipo de condición laboral para los padres, hombres, mujeres o adolescentes, y que dé margen de seguridad sobre todo para menores de edad y también en el tema de mujeres”.

Por su parte, Giovanna Battaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, de León, manifestó que desde hace casi un mes se reportó la presencia de migrantes jornaleros pero que “hasta ahorita no tenemos notificada la presencia de Sedesol en los campos” agrícolas para que levante un censo que permita bajar recursos de la Federación.

Sedesol maneja el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), el cual considera apoyos económicos en alimentación, educación, promoción de los derechos humanos, infraestructura y servicios básicos, al cual podrían tener acceso los que arriban a la región centro-oeste de este estado. 

Esa es la intención del Centro Tlachinollan de Derechos Humanos y del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, aunque desde hace más de una década, la antropóloga Marisol Melesio Nolasco, entonces Visitadora Adjunta en la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que “contiene una serie de planteamientos muy ambiciosos, pero no tiene capacidad económica, de personal y, a veces, política para implementarlos”. 

Eso ocasiona “que atienda, de manera parcial y asistencialista, fundamentalmente a los jornaleros asentados en las grandes regiones de atracción, principalmente Sonora, Sinaloa y Baja California”, expuso.

Suplen a la autoridad

Por lo pronto, frente a la ausencia de participación de autoridades en la atención a migrantes jornaleros indígenas, ambos organismos de la sociedad civil, con apoyo de Bomberos y de la Universidad Iberoamericana, llevaron ayer una brigada de salud a campos agrícolas para hacer una revisión sobre todo a menores de edad.  Sin embargo, Giovanna Battaglia reconoció que “si no se planean acciones para el siguiente año, vamos a tener violaciones a derechos humanos de todas y todos los jornaleros que vienen a trabajar a este estado”.