"...se cerró el monte y hay que abrir de nuevo el camino con machete". Comunicado.

Comunicado de las comunidades fundadoras de la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria

Aquí estamos, somos pueblos Na´Savi y Me´Phaa, los que fundamos, los que hemos cuidado y cuidaremos nuestra Policía Comunitaria.

Los pueblos indios de Guerrero somos producto de más de 521 años de luchas; hace 200 años peleamos en la guerra de independencia con los insurgentes comandados por José María Morelos y después por Vicente Guerrero, desde nuestras montañas contribuimos a parir nuestro país que hoy se llama México. Hace más de 100 años, con la revolución mexicana, nuevamente levantamos nuestras luchas por Tierra y Libertad y peleamos contra los caciques que robaban y traían hambre y penas a nuestros pueblos, defendimos y recuperamos nuestros territorios. Llegó el año de 1992 y, reivindicando cinco siglos de luchas, se construyó el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia. En nuestra región de La Montaña también nos organizamos en el Consejo de Autoridades Indígenas. En 1995 los pueblos Na´Savi y Me´Phaa fundamos nuestra Policía Comunitaria para devolverle la tranquilidad a nuestras comunidades, basada y regulada por las Asambleas Comunitarias de los pueblos de nuestro Territorio.

En Asamblea Regional, celebrada el 15 de octubre de 1995, en Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, tomamos la decisión de crear los primeros grupos de Policía Comunitaria que comenzaron a dar su servicio al pueblo, y que durante más de 17 años lo han venido haciendo sin recibir paga. Durante los primeros tres años tuvimos la experiencia de que los delincuentes, detenidos y entregados a las autoridades oficiales, rápidamente eran liberados y a veces regresaban con más furia a atacar a nuestros pueblos. Tenemos claro que en México se puede pagar y comprar la justicia. Para nosotros buscar la justicia es buscar siempre la verdad. Es la palabra verdadera.

Entonces nos organizamos para crear nuestro sistema de administración de justicia, buscando la reparación del daño y lo que llamamos la reeducación, que busca volver a los que cometen delito al camino de la comunidad. Primero formamos la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI) y después, viendo la importancia de trabajar con nuestros hermanos mestizos que también tienen formas de gobierno comunitario, el 22 de febrero de 1998, en Potrerillo Cuapinole, municipio de San Luís Acatlán, en Asamblea Regional decidimos crear la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Logramos echar atrás a los delincuentes que llenaban de pena nuestras casas, nuestros caminos y nuestras comunidades y desde entonces hemos caminado nuestro propio Sistema de Justicia y Seguridad en Territorio Comunitario. Los mismos pueblos reconocemos la entrega y el sacrificio por el riesgo que corren nuestros Policías Comunitarios, porque no cualquiera se enfrenta a delincuentes sin ningún pago a cambio, desafiando al gobierno que nos ha desconocido y atacado cada vez que ha podido. Nuestro sistema de justicia y seguridad lo levantamos con autoridades elegidas y respetadas por las comunidades, y eso es lo que se llama LEGITIMIDAD y es lo que no tienen las autoridades del gobierno. Eso nace cuando la palabra de la gente vale y es tomada en cuenta.

En sus primeros años la Policía Comunitaria redujo con mucho éxito los delitos en la región, los asaltos a mano armada, los secuestros, las violaciones, el narcotráfico y el abigeato; pero sobre todo comprobamos que el mismo pueblo puede gobernarse y que lo hace mejor que los gobiernos corruptos. Sabemos que tenemos bases jurídicas para ejercer nuestro derecho a la libre determinación, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero pensamos que nuestro sistema comunitario nunca estará supeditado a la normatividad del Estado, en ese momento se perdería nuestro camino. Ahora, si detrás de nuestros pasos vienen marcos legales como la Ley 701 puede ser bueno o malo, pero ya es otra la historia. El camino lo hemos ido abriendo los pueblos en el ejercicio de nuestros derechos colectivos. Y así en comunidad es como hemos aprendido, nos hemos tropezado y nos hemos vuelto a levantar. Aunque ahora se cierre el monte ya sabemos como abrir camino.

Desde el inicio vimos los grandes riesgos que se corren por la tentación de la corrupción y de la cooptación, por eso decidimos que primero son los pueblos con sus Asambleas Comunitarias locales y regionales.

La Asamblea General Comunitaria (AGC) está constituida por los habitantes de cada comunidad y es la máxima instancia de decisión, acuerdo y mandato en los asuntos internos. Nombra, remueve, vigila y mandata a las autoridades comunitarias, en este caso al Comisario Municipal y al Grupo de Policía Comunitaria.

La Asamblea Regional Comunitaria (ARC), de autoridades, consejeros y ciudadanos en general, es la instancia máxima de decisión, acuerdo y mandato del Sistema de Justicia Comunitario. Se encarga de nombrar, remover, vigilar y mandatar a las Autoridades Regionales. Esta conformada por las Autoridades Regionales, los Comisarios, Comandantes, Policías y Principales de las comunidades que integran al Sistema.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es la instancia encargada de administrar e impartir justicia en las comunidades que integran el Sistema Comunitario. Tiene la facultad de convocar a la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias. Está formada por nueve Coordinadores Regionales que son nombrados por la Asamblea Regional; la CRAC tiene su sede principal en la Casa de Justicia de San Luís Acatlán, desde 2005 se impuso que su trabajo se dividiera con dos sedes más: Espino Blanco y Zitlaltepec. Es la única instancia del sistema que puede liberar órdenes de aprensión, cateo, así como dictar sentencias de reeducación.

El Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria (PC) se encarga de coordinar a los Grupos de Policía Comunitaria para la seguridad, el resguardo y la prevención del delito en las comunidades del Sistema. Está formado por nueve Comandantes Regionales que son nombrados por la Asamblea Regional; operan en las tres sedes de trabajo. Es la única instancia del sistema que puede ejecutar las órdenes de aprensión y de cateo; asimismo, vigila el proceso de reeducación.

Los Consejeros son la autoridad moral de nuestro sistema, son los encargados de conservar la memoria histórica del proyecto y de asegurar su rumbo político. Asesoran a las autoridades regionales en turno y vigilan el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Regional, son nombrados por ésta y no hay tiempo límite del cargo. Para ser Consejero se necesita haber pasado por cargos regionales. Tienen facultad para convocar a los Coordinadores y Comandantes Regionales a reuniones internas, y en caso de urgencia pueden convocar a la Asamblea Regional extraordinaria.

Todas y cada una de las autoridades, comisiones y policías comunitarios son nombrados y ratificados en Asambleas Comunitarias (locales o regionales), el servicio que prestan al pueblo es gratuito y no perciben salario, no tienen fuero frente a la Asamblea, deben ser personas respetables y de buen comportamiento en su comunidad, deben cumplir en todo momento el Reglamento Interno del Sistema.

La impartición de justicia es gratuita y no se acepta el pago de multas o fianzas. La justicia se imparte en el idioma de las personas en conflicto, y de acuerdo a la cultura de la región. Los juicios son orales y públicos, y la defensa la hacen directamente los familiares. Se busca el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas y mestizos. Las personas que resultan culpables después de un proceso de investigación comunitaria, y que por la gravedad del delito cometido no pueden reparar el daño, o se niegan a hacerlo, deberán enfrentar un proceso de reeducación.

En el proceso de reeducación se realizan trabajos de servicio comunitario gratuito, según la necesidad de las comunidades en las que son reeducados. En agradecimiento las comunidades le brindan a los reeducados alimentos y atención médica en caso necesario. Reciben pláticas y consejos de los principales para que puedan convivir en armonía con la comunidad. Al cumplir el tiempo de reeducación que les fue asignado, son liberados en la Asamblea Regional Comunitaria con la finalidad de que se reconcilien con la comunidad.

Estas formas de gobierno vienen de nuestra herencia ancestral, nuestra experiencia de resistencia y de los principios que nos heredaron y que siguen orientando las luchas de nuestros pueblos indígenas: “mandar obedeciendo”, “proponer y no imponer”, “bajar y no subir”, “convencer y no vencer”, “servir y no servirse”, “construir y no destruir”. Hemos logrado construir y mantener nuestro Sistema de Justicia comunitaria con el respeto a la autonomía de las comunidades, sin alardes, sin más imperativo que el deber de servir a nuestro pueblo, sin manuales, sin más lideres que nuestras Asambleas Comunitarias locales y regional.

La visión con la que nació nuestro proyecto siempre ha sido colectiva nunca individual, los pueblos toman la decisión y las autoridades comunitarias y regionales obedecen. Por eso jamás se puede depositar el poder en una persona o en un grupo de personas. La desinformación es un problema grave, solamente informando a los pueblos es como se logran mantener los equilibrios. Esa es una función fundamental de las autoridades regionales en su compromiso con la Asamblea Regional.

Los pueblos Na´Savi y Me´Phaa que orientaron nuestro camino hace más de 17 años vieron el riesgo de que nuestra lucha y nuestro sistema de justicia fueran cooptados por el Estado o por grupos oportunistas, por eso la base fundamental siempre serán las Asambleas Comunitarias y la Asamblea Regional. La CRAC nace de la Asamblea Regional pero no puede tomar ninguna decisión sin ella. No le compete firmar ningún acuerdo o convenio con el gobierno, ni tomar ninguna decisión sobre el rumbo político de los pueblos sin la consulta y aprobación de la Asamblea Regional.

Nuestro sistema de justicia está en peligro, necesitamos hoy más que nunca repensar y reestructurar nuestro proyecto como pueblos y defender nuestro Territorio Comunitario. No debemos cometer los mismos errores que ya hemos cometido, no debemos quedarnos mirando, llamamos a todas las comunidades a seguir luchando por la justicia, la libertad y la democracia directa de nuestros pueblos.

¿Como vemos la situación que vive nuestro Sistema de Justicia comunitaria?

La situación que vive la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es resultado de la dirección que tomó en el último periodo de tres años y de cómo fue entregada por los coordinadores y sus asesores el 23 de febrero del 2013. En todo ese periodo nunca hubo quórum legal por lo que se dejo de trabajar con la Asamblea Regional, tal vez a los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán no les interesó hacer así el trabajo y les convino su falta de convocatoria y decidieron asumir acuerdos y acciones individuales y de grupo.

Esto se volvió algo normal llegando al grado de que la integración de la Casa de Justicia de El Paraíso se anunció en el 17 aniversario de nuestra institución cuando nunca se consultó ni fue autorizada en ninguna tipo de Asamblea Regional. El papel que los representantes han jugado en los últimos meses a nombre de nuestra institución debe ser evaluado con mucha seriedad.

La supuesta confrontación mediatizada desde enero de este año entre la CRAC y la UPOEG logró enterrar la palabra y las demandas de muchas comunidades, ocultar las irregularidades y denuncias al Sistema de Justicia comunitario pero sobre todo terminó de debilitar el control de los pueblos y su participación en la Asamblea Regional.

En la reunión de Tlapa el 19 de febrero de 2013, los coordinadores de la CRAC firmaron un acuerdo con los líderes de la UPOEG. Ahí se determinaron reglas para la asamblea de nombramiento de los nuevos coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

En la asamblea regional del 23 de febrero se manipuló el proceso rompiendo nuestros modos a tal grado que, no hubo rendición de cuentas y no se permitió la discusión siendo el único punto la votación de nuevos coordinadores donde se nos impidió a los pueblos votar. Los comisarios presentes votaron en un total desorden donde ya se habían ido muchas comunidades con sus grupos de policías comunitarios.

En reuniones posteriores, Autoridades Comunitarias, Consejeros, Policías Comunitarios y ciudadanos de Pascala del Oro, Tlaxcalixtlahuaca, Santa Cruz El Rincón, Piedra Pinta, Potrerillo del Rincón, Potrerillo Cuapinole, Buena Vista, Poza Verde, Río Iguapa, Jicamaltepec, Arroyo Faisán, Arroyo Hoja de Venado, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo, San Luis Acatlán, El Carmen, Pajarito Grande, Coyul Chiquito, La Parota, entre otras comunidades fundadoras de la CRAC-PC hemos llegado a una conclusión y decimos así: se cerró el monte y hay que abrir de nuevo el camino con machete.

Se crearon grupos de interés que han secuestrado nuestro Sistema Comunitario de justicia. Esto se vio cuando el grupo formado por el ex coordinador Pablo Guzmán y su autonombrado asesor jurídico Valentín Hernández hicieron campaña para la elección de la nueva coordinación, como si se tratara de un partido político.

Se han usado policías comunitarios para reprimir a representantes de las comunidades y ahora existe miedo entre los pueblos. El desalojo violento de la Comisión Interina, nombrada en Asamblea de Autoridades para acompañar el periodo de transición del 9 al 23 de febrero, realizado el 12 de febrero a las seis de la tarde a cargo de las “fuerzas especiales” de la CRAC de San Luis Acatlán, que encañonaron a Autoridades y Policías Comunitarios, quedó asentado en la Minuta de Acuerdo de la Asamblea de Autoridades realizada el 17 de febrero en Potrerillo del Rincón. Este hecho quedó marcado en la memoria de nuestras comunidades.

En la reunión de nombramiento del 23 de febrero no se nos permitió exponer ni discutir nuestras inconformidades como comunidades. Se negó la participación de los ciudadanos de la cabecera de San Luis Acatlán y se cerró la puerta a la argumentación, no se permitió votar a los ciudadanos de las comunidades, por medio de la manipulación de dicha reunión, cancelando el derecho democrático de dichas comunidades.

No se ha realizado ninguna Asamblea Regional que cuente con quórum legal desde entonces, ni siquiera para los careos acordados de frente a las comunidades, mucho menos para las decisiones que se han venido tomando en los últimos meses. Los grupos de Policía Comunitaria de nuestras comunidades plantean que es un gran problema que los actuales coordinadores no hayan sido electos por los pueblos. Nosotros valoramos que al permitir que solo unos cuantos eligieran, dejamos que se perdiera la esencia de nuestra institución. El dinero que se recibe es lo que está ocasionando que se pierda el sentido de darle seguridad a la gente humilde.

Se utiliza el dinero, las camionetas y los uniformes que recibe la CRAC del gobierno para pagar y mover a los grupos especiales o guardias permanentes. Además aparecieron figuras como asesor jurídico y ahora hasta voceros que ninguna Asamblea Regional ha autorizado ni mucho menos ha elegido. El dinero ha corrompido a quienes hoy mal dirigen nuestro Sistema de Seguridad y Justicia Comunitarias.

Los actuales coordinadores hablan a nombre de los pueblos para confrontarse con el gobierno cuando nunca consultan ni cuentan con la autorización de los pueblos. Se han realizado acciones de confrontación graves como es el caso del reciente desarme y detención de policías municipales de los municipios de San Luis Acatlán y de Malinaltepec. Hay un desorden en la portación de armas de fuego que corresponden al uso exclusivo del ejército. Estas situaciones ponen en riesgo de represión a nuestras comunidades.

Se han usado “grupos especiales” como guardaespaldas, ellos no son nombrados en la comunidad, nadie los autorizó. Hay Comandantes Regionales que han informado sobre la discriminación que existe en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán hacia los Policías Comunitarios y cómo se le paga al grupo de “fuerzas especiales” o “guardia permanente”. Existe mucho desorden entre los actuales coordinadores lo que ha hecho evidente su falta de legitimidad.

No se han entregado presos a las asambleas comunitarias y el proceso de reeducación está en desorden, no hay información en las comunidades. Nos preguntamos cómo es posible que se cobren derechos de piso por parte de la delincuencia organizada en Territorio Comunitario habiendo más de mil Policías Comunitarios con radios, camionetas y dinero.

Los coordinadores y “supuestos voceros” de la CRAC de San Luis Acatlán y la gente de El Paraíso siguen utilizando el nombre de la organización UPOEG para deslegitimarnos como comunidades. Debe de quedar claro que somos Autoridades Comunitarias, Consejeros, Policías Comunitarios y ciudadanos que no hemos sido escuchados y que ahora nos estamos reuniendo para rescatar nuestro Sistema de Seguridad y Justicia Comunitarias.

El 23 de febrero se consumó el proceso de despojo que hemos sufrido como pueblos y comunidades de nuestro Sistema de Justicia comunitaria. Vemos que durante el periodo de Pablo Guzmán Hernández y su “asesor jurídico” Valentín Hernández Chapa la CRAC dejó de ser la institución de justicia y seguridad de los pueblos y se ha convertido en un botín político. Sabemos que nosotros como pueblos y comunidades somos los principales responsables por desatender nuestra institución, por nuestra actitud pasiva frente a lo que viene sucediendo desde hace algunos años.

Es fundamental dejar claro que no estamos y nunca estaremos en contra de la CRAC, somos comunidades que la fundamos y queremos rescatar nuestro proyecto construido con muchos esfuerzos y sacrificios. Muchos ya no están con nosotros pero nos dejaron la obligación de cuidarlo y de heredar a los que vienen atrás la tranquilidad de un Territorio Comunitario.

Proponemos que la CRAC deje de recibir dinero de los gobiernos municipal, estatal y federal mientras no se resuelvan los problemas internos, que se nombren nuevos coordinadores electos por la Asamblea Regional ahora con la participación abierta de las comunidades como tradicionalmente lo hemos hecho. Los “guardaespaldas” que traen algunos coordinadores como Eliseo Villar Castillo no son comunitarios, son guardaespaldas particulares. Por lo tanto no se debe seguir permitiendo que actúen a nombre de la Policía Comunitaria.

No somos movimiento de la UPOEG sino movimiento de Autoridades Comunitarias, Consejeros y ciudadanos de las comunidades fundadoras del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria (CRAC-PC).

Es necesario hacer una evaluación de nuestro camino con todas las comunidades que convocan las tres casas de justicia, hacer asambleas informativas y levantar actas de acuerdo en cada comunidad, escuchar propuestas de cada comunidad para mejorar el funcionamiento de nuestra institución.

No podemos confrontarnos entre pueblos, estamos llamando a trabajar juntos para lograr reunirnos nuevamente como Asamblea Regional para la reconstitución de nuestro Sistema de Justicia comunitaria.

Territorio comunitario, a 2 de junio del 2013.