Boletín de prensa
Foro Migraciones
Durante la administración
de Felipe Calderón se ha vivido una violencia sin
precedente hacia la población migrante en tránsito por
México y hacia las defensoras y defensores de derechos
humanos.La corrupción,
complicidad e impunidad han favorecido las violaciones
atroces a los derechos humanos de la población migrante
en tránsito por México.Las políticas migratorias
restrictivas no resuelven el tema de la seguridad
nacional, por el contrario, favorecen una mayor
situación de vulnerabilidad, riesgos y/o incremento del
número de muertes de la población migrante.
En el marco de su 2a
Asamblea Ordinaria 2012, el Foro Migraciones manifiesta su
preocupación por el contexto sin precedente de violencia
hacia las personas migrantes que transitan y residen en
nuestro territorio (especificamente quienes se encuentran
en situación indocumentada). Violencia favorecida por la
corrupción, complicidad e impunidad que impera en el país.
El gobierno señala y resalta la responsabilidad del crimen
organizado en la violencia hacia la población migrante,
ignorando que es el Estado el principal responsable de esa
violencia por acción u omisión.
Mayores controles y
restricciones migratorias han orillado a que los flujos
migratorios utilicen rutas más inseguras y violentas,
donde en ocasiones no hay mínima infraestuctura de apoyo,
la corrupción y colusión entre funcionarios de gobierno y
organizaciones delictivas han convertido a la población
migrante indocumentada en mercancía para el crimen
organizado y sus múltiples actividades delincuenciales,
las autoridades han propiciado acciones de discriminación
y xenofobia entre la población mexicana, así como de
hostigamiento y criminalización de defensoras y defensores
de derechos humanos y a casas y albergues donde se brinda
apoyo a esta población.
Dicha política de control
encontró su cúspide más violenta con la masacre de 72
migrantes en San Fernando, Tamaulipas y el posterior
hallazgo de 47 fosas clandestinas en el mismo lugar. Esta
violencia no empezó en Tamaulipas, inició mucho antes y
desafortunadamente persiste. México se ha convertido en un
enorme cementerio de migrantes y el gobierno ha demostrado
su incapacidad de garantizar atención, seguridad y
justicia a las víctimas, sus familias y defensores.
En el sexenio de Calderón la
violencia y acoso contra las casas y albergues de
migrantes, que brindan apoyo humanitario a lo largo de la
ruta migratoria mexicana, sufrieron una persecución
institucional y de algunos sectores de la población,
obligándolos a realizar cierres definitivos o
“reubicaciones” para poder continuar con la importante e
invaluable labor de ayuda humanitaria que realizan.
Misma situación sufrió el
trabajo de los defensores y defensoras de derechos
humanos, quienes tampoco contaron con el reconocimiento y
seguridad que les permitiera seguir realizando la labor de
defensa y promoción de los derechos de esta población,
teniendo que trabajar bajo constantes amenazas de muerte y
violencia. Se cuenta con un número amplio de registros de
amenazas e intimidación en casas de migrantes y albergues
en el interior de la República, incluso tienen
recomendaciones de medidas cautelares por el Sistema
Interamericano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México, mismas que no han sido cumplidas a cabalidad
por el gobierno.
La administración de
Calderón deja un saldo rojo respecto a la garantía y
promoción de los derechos humanos de las personas
migrantes en tránsito, lamentamos que no se hayan abierto
espacios permanentes de interlocución con la sociedad
civil que trabajamos directamente en este tema. Condenamos
la simulación de diálogo con la que se intentó legitimar
ante la opinión pública los procesos de elaboración de la
Ley de Migración y su reglamento.
Dicha situación ha tenido
como resultado que estos marcos, aunque representen un
avance en el reconocimiento de los derechos de esta
población migrante en general, como es la Ley de Migración
y su Reglamento, en el fondo no signifiquen cambios
sustantivos en la vida de las personas migrantes que se
encuentran en tránsito o radicando en el país de manera
indocumentada, por el contrario, esta población continua
siendo tratada con un alto nivel de discrecionalidad,
víctima de violencia generalizada, secuestros,
desapariciones forzadas, reclutamiento por parte del
crimen organizado, entre otras atrocidades, debido a que
continúa ubicándose a la política de migración como un
tema solamente relacionado con la seguridad nacional y no
como un tema social y de desarrollo.
Quedó pendiente la
legislación sobre los mexicanos en el exterior. La
política exterior del Presidente Calderón estuvo siempre
encaminada a la consecución del objetivo principal de su
administración: “seguridad nacional” y combate al
narcotráfico. El gobierno no logró ninguna acción concreta
para avanzar en la promoción de una reforma migratoria
integral de protección y defensa de los derechos de los
migrantes mexicanos en Estados Unidos. Actualmente se
tienen problemas graves relacionados con: los crecientes
retornos y/o deportación de migrantes mexicanos e
implementación de programas que provocan la separación
familiar y perdida de bienes, , deficientes programas de
trabajadores temporales que favorecen la violación de los
derechos laborales, ausencia de programas para la
inserción social, laboral y cultural de mexicanos en
EE.UU.
Por estos motivos el Foro
Migraciones solicita a la nueva administración de Enrique
Peña Nieto, que atienda de manera urgente la agenda
pendiente en torno al tema migratorio en los siguientes
puntos:
Abrir un espacio de
interlocución permanente con la sociedad civil para
discutir temas relacionados al fenómeno migratorio.
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