lunes, 22 de septiembre de 2014



Pueblos originarios de La Montaña de Guerrero exigen un alto a la discriminación
y olvido histórico del Estado Mexicano.

Después de un año del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, los pueblos indígenas y campesino de la región de La Montaña de Guerrero afectados demandan la reconstrucción de los medios de vida de sus comunidades afectadas y exigen espacios de diálogo efectivos y transparentes con las autoridades federales, estatales y locales para que sus necesidades sean escuchadas y resueltas.

16 de septiembre de 2014

Hoy se cumple un año del paso del huracán Ingrid y Manuel y las secuelas que dejó para las y los habitantes son profundas. Parte de las afectaciones que sufrieron fueron: la pérdida de sus cultivos y unidades de producción de alimento básico, pérdida de sus animales que forman parte del sustento familiar, daño y/o pérdida de sus viviendas, la pérdida de sus bienes materiales, afectaciones a las vías de comunicación, escuelas, casas de salud, y en general los daños a los medios de sustento comunitarios. La magnitud del fenómeno ha marcado a los habitantes de la montaña y el temor ante nuevos deslaves o deslizamientos aún es latente.

A esto se suma que en el contexto de La Montaña existen de manera estructural violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población; el olvido histórico de las políticas públicas, sociales y económicas; el despojo de tierras por proyectos extractivos y de privatización de la tierra y despojo del territorio.  Así, la Montaña de Guerrero es uno de los lugares más olvidados del país al que sólo se voltea a mirar por parte de las autoridades de los tres niveles cuando requieren votos, legitimar los programas sociales como el Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre, obtener una fotografía con líderes indígenas, o bien para explotar los bienes naturales de la región.

El pasado 13 de septiembre las comunidades de la Montaña de Guerrero salieron a las calles de Tlapa, Guerrero para que estos hechos no sean olvidados y exigir que su voz y propuestas sean escuchadas, respetadas y respondidas.
Las comunidades en conjunto con organizaciones sociales y civiles, se han organizado, defendido y sobrevivido comunitariamente ante la opacidad e inacción del gobierno federal, estatal, local y de instancias públicas como SEDESOL quienes siguieron una política discriminatoria al orientar los esfuerzos y recursos para la reconstrucción de la ciudad de Acapulco por ser zona turística y comercial, pero anular a la región de La Montaña y sólo actuar con dádivas,  respuestas tardías y descontextualizadas.

Quienes caminamos desde hace tiempo junto con las comunidades de la Montaña de Guerrero, consideramos que aún cuando el cuarto día se declaró desastre natural en los 19 municipios de La Montaña de Guerrero, no fue atendida con los lineamientos mínimos que se establecen para la Ayuda Humanitaria que son de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional.  

En este sentido, a un año del paso de Ingrid y Manuel, recordamos algunos de los agravios contra de las comunidades de la Montaña de Guerrero por parte de varios representantes del gobierno:
·         Las despensas caducas encontradas en las oficinas del municipio de Acatepec en uno de los momentos más críticos de la situación donde se escondían con la intención de hacer proselitismo.

·         La visita de la titular de SEDESOL Rosario Robles Berlanga donde en lugar de mostrarse eficiente y sensible ante la situación, mostró el desprecio, discriminación y enojo ante el reclamo del Consejo de Autoridades Damnificadas.

·         La inacción gubernamental para responder ante las necesidades de las comunidades afectadas, y sólo llevar a cabo intentos fallidos de actuación sin visión humana ni integral de la problemática. 

·         La forma tan ineficiente y tardía en que se han llevado a cabo las entregas de granos básicos del programa “Para que llueva maíz en la montaña”; que a un año del desastre humanitario apenas se llevan 3 entregas de las 6 acordadas entre el gobierno y el CDI, ya que el Estado mexicano tiene que ser garante de este Derecho a la Alimentación y  en estricto apego a los acuerdos con el Consejo.

·         La reparación de la carretera de México-Acapulco a un mes del desastre, mientras que en La Montaña de Guerrero se sigue en la espera del “arreglo” de la carretera de Tlapa-Marquelia y los cientos de caminos que conectan a las comunidades de los distintos municipios de la región.

·         Los comedores de la mediática Cruzada Nacional contra el hambre que se establecieron en las comunidades no como parte de una atención a la emergencia sino con los mismos parámetros del resto del país -control político-, y en donde se llevaron alimentos industrializados que no respondían a las necesidades ni contexto cultural y social de las comunidades de la región.

Hoy la preocupación y urgencia es ante las lluvias que regresan a la zona de la Montaña de Guerrero; las comunidades afectadas no han podido restablecer y reconstruir la forma de vida comunitaria ni los medios de alimentación. La vivienda no ha sido restituida, de las casi 5,000 viviendas afectadas, si acaso un 1% se ha reconstruido, sin embargo, más allá de resolver las necesidades habitacionales comunitarias, ha abierto una puerta de negocio a empresas de construcción avaladas por el gobierno. Tal es el caso de las comunidades Unión de las Peras, Tepeyac o San Miguel Amoltepec el Viejo, donde las pocas viviendas que se han entregado no cubren con las necesidades de tamaño y espacios adaptados a sus usos y costumbres, por el contrario han hecho pequeños cuartos de “block y material”, de 4x5 metros cuadrados, las cuales no cuentan con los servicios básicos y además se encuentran en las mismas zonas de alto riesgo que aquellas dañadas.

Algo tan imprescindible para el verdadero desarrollo de los individuos, también ha sido dejado de lado, pues las escuelas no han sido reconstruidas. Las comunidades han tenido que improvisar con lonas y láminas los salones para que los niños puedan seguir atendiendo sus clases.

Las organizaciones civiles, comunicadores y ciudadanos abajo firmantes denunciamos:
1. La opacidad e inacción de las autoridades federales, estatales y locales ante las necesidades de las comunidades de la Montaña de Guerrero.
2. La Discriminación del que son objeto las comunidades de La Montaña de Guerrero por parte de las autoridades federales, estatales y locales que después de un año no exista restitución de los medios de vida de las comunidades afectadas.
3.- Las comunidades afectadas y en general las que integran La Montaña de Guerrero están en riesgo latente por las lluvias en la zona.
Exigimos:
1.- Que ante la gravedad del problema, la Secretaria de Desarrollo Social responda efectivamente y de manera integral a las diversas necesidades y peticiones de las comunidades afectadas de La Montaña para lograr la reconstrucción de sus medios de vida.
2.- La presencia inmediata del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI para entablar un diálogo transparente, efectivo y resolutivo con las comunidades afectadas.
3.- Agilizar las cuatro entregas faltantes de los granos de maíz acorados en el proyecto “Para que llueva maíz en la Montaña”.
4.- La reconstrucción de viviendas con los materiales adecuados a la región de La Montaña y a sus necesidades sociales y culturales como pueblos originarios. Además de que se garantice que la reconstrucción sea en lugares donde no exista el peligro de sufrir nuevas afectaciones por deslizamientos de laderas o el desborde de los ríos.
5.- La reconstrucción de infraestructura carretera que comunica a las comunidades de la Montaña de Guerrero.
6.- Información y transparencia de los recursos federales al servicio de la reconstrucción de las comunidades afectadas.
7.- El derecho de las organizaciones que se han sensibilizado con la problemática de las comunidades afectadas para poder intervenir e integrarse en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social; mediante un planteamiento ante la Ley Federal de Desarrollo Social.

Organizaciones: CEAAL (Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe), CEDICAR (Centro de investigación y capacitación rural), Centro de Estudios Ecuménicos, A.C., CEP- Parras, CIPOG- EZ (Consejo Indígena y Popular Guerrero- Emiliano Zapata, Centro de Derechos Humanos Indígena Flor y Canto A.c., Comité de Derechos Humanos- Cerro del Judío “Justicia y Paz” -Colectivo Voces de la Tierra, Comunidad teológica, Comunicación para el desarrollo comunitario, Consejo Tiyat Tlalli, Cooperación comunitaria México, A.C., COPEVI A.C., Cultura Joven A.C., ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C., Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Instituto Maya, IMPEC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C. (INCIDE), Iglesias por la paz, Los pueblos de América Latina A.C., SERPAJ, SEDEPAC, Unitierra Puebla.

Personas: Clara Jusidman, Carmen Santiago, Guillermo Villaseñor, Juan Machín, Laura Herlinda Hernández, Lizbeth Guzmán García, María Yolanda Barrón, María de Jesús Zamarripa Guardado, Maribel Cárdenas Moreno, Oscar Arnulfo, Pilar Puertas, Pietro Ameglio, Rafael Reygadas, Ricardo Blanco Beledo, Silvia Conde , Tania Palacio.

Radios comunitarias y medio de comunicación alternativas: Red de comunicadores comunitarios indígenas de la Montaña de Guerrero, Radio comunitaria Naxme, Radio comunitaria de la policía comunitaria “La voz de los pueblos” , Radio tachiñu itia ta´nu “la voz del pueblo de Metlatonoc”, Radio Zapata, SICSAL MEX (Servicio internacional cristiano de solidaridad), Periódico La Luciérnaga

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