http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/10/15/pueblos-mephaa-nasaavi-por-recuperar-su-proyecto-autonomico/
En riesgo de un enfrentamiento armado, las comunidades indígenas me’phaa y na’saavi que hace 18 años fundaron la Policía Comunitaria. La intervención política y económica de los tres niveles de gobierno en la autonomía de los pueblos guerrerenses ha devenido en un conflicto intercomunitario que podría escalar a una masacre. Lejos del diálogo, el gobierno federal se apresta a intervenir con tropas del Ejército y grupos de corte paramilitar
San Luis Acatlán, Guerrero. Del 26 al 29
de septiembre pasado, los pueblos fundadores de la Policía Comunitaria
realizaron la primera jornada de lucha por la recuperación de su sede
histórica, la Casa de Justicia de este municipio.
La acción se realizó cuando los
noticieros y la opinión pública estaban centrados en la destrucción que
dejó el huracán Manuel a su paso por el estado. Nuevamente los medios de
comunicación (mención especial merecen El Faro de la Costa Chica y La Jornada)
favorecieron el cerco mediático, el linchamiento y las mentiras contra
los pueblos fundadores, al criminalizar a Cirino Plácido Valerio y a su
familia, así como al comisariado de bienes comunales de Santa Cruz del
Rincón, Apolonio Cruz Rosas.
La coartada de las autodefensas y la
imagen de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG)
como organización gobiernista, diseñada e implantada desde enero de
este año para confundir y engañar a la opinión pública con el fin de invisibilizar
a los pueblos me’phaa (tlapanecos) y na’saavi (mixtecos), que hace 18
años fundaron el proyecto de la Policía Comunitaria (PC), parece no
haberse desgastado pese a que los acontecimientos de los últimos meses
han derrumbado mitos y mentiras.
A fin de cuentas fue la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –de Pablo Guzmán Hernández y
Valentín Hernández Chapa, y hoy encabezada por Eliseo Villar Castillo–
la que aceptó las mesas de diálogo con el gobierno federal, la
credencialización por parte del Ejército Mexicano y los recursos
económicos del gobierno estatal.
Lo cierto es que el conflicto interno
dentro de la CRAC-PC ha escalado hacia escenarios de tensión y violencia
más peligrosos: en esa jornada de 72 horas se vivieron jaloneos,
gritos, golpes e incluso disparos al aire. Y es que arribaron a ésta
grupos armados de los municipios de Juchitán, Cuajinicuilapa, Ometepec,
Cochoapa y Xochistlahuaca –recién integrados por Eliseo Villar Castillo a
la CRAC–, con el objetivo de defender al propio Villar Castillo y
reprimir a 22 comunidades encabezadas por sus autoridades comunitarias y
cientos de indígenas me’phaa y na’saavi de los pueblos fundadores de la
CRAC-PC, decididos a recuperar de manera civil la Casa de Justicia de
San Luis Acatlán y dejarla en manos de las autoridades de las
comunidades que históricamente la han integrado.
La intervención de organismos defensores
de derechos humanos nacionales y locales representados por Miguel
Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), AC, y
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La
Montaña Tlachinollan, no fue suficiente para frenar las agresiones y se
terminaron de derrumbar las condiciones para un diálogo entre pueblos.
Frente a los ojos de estos organismos, Villar y sus grupos armados,
reconocidos y financiados por los gobiernos estatal y federal como
CRAC-PC, impusieron una salida de enorme violencia simbólica desalojando
la asamblea permanente de autoridades indígenas y a los ciudadanos con
un mecanismo de agresión sicológica, donde los pueblos tuvieron que
atravesar una valla de gente armada con machetes, palos y armas largas,
uniformada de policía comunitaria en su mayoría perteneciente al pueblo
afromexicano, quienes gritaron, insultaron y escupieron a los indígenas
con la evidente finalidad no sólo de infundir terror, sino de destruir
moralmente y agredir la dignidad de los pueblos fundadores.
Esta acción deberá ser reflexionada por
los pueblos indios y sus organizaciones, pues en los hechos se trató de
una agresión de grupos armados contra autoridades indígenas –propia de
las estrategias paramilitares usadas en Latinoamérica– con el agravante
de que se sigue utilizando el capital moral de una institución que
representa 18 años de esfuerzos y sacrificios de los propios pueblos
agraviados. La otra agravante es que quienes han promovido esta
estrategia para mantener el control de la CRAC están exacerbando el odio
entre pueblos originarios y pueblos afromexicanos de la Costa-Montaña
de Guerrero, lo que representa un retroceso histórico y una grave
irresponsabilidad.
Reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia
Después de 7 meses de reorganización, los
pueblos fundadores de la CRAC-PC realizaron esta acción de recuperación
presionados por voces que afirmaron que grupos dentro del territorio
buscaban separar a Villar Castillo y negociar las reglas para una
asamblea regional que legitimara y repartiera nuevamente las cuotas de
poder como lo han venido haciendo en los últimos 3 años.
Las comunidades valoraron que era
necesaria la recuperación para continuar con la reconstitución del
Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, pues se estaban tomando
decisiones, como la credencialización, que ponían en riesgo todo el
proyecto. Ahora queda claro que la estrategia del grupo que pretende
seguir operando desde la CRAC era arrinconar y golpear a los pueblos
fundadores para forzarlos a negociar y recuperar legitimidad por medio
de la represión.
Para los pueblos fundadores, la CRAC está
fraccionada y los pueblos aislados entre sí y frente a la sociedad
civil organizada, y que sólo el diálogo entre pueblos, sin grupos de
interés de por medio, mediadores ni negociaciones entre dirigentes,
podrá devolverle sus principios y su camino propio.
No se trata de una acción aislada sino de
todo un proceso de reorganización. El 19 de mayo de 2013, después de
tres reuniones regionales, las comunidades fundadoras del Sistema
Comunitario de Seguridad y Justicia reconstituyeron su asamblea regional
y levantaron expedientes de irregularidades por las que revocaron el
mandato a los coordinadores por incumplimiento del Reglamento Interno,
entre las que destacan:
1. El uso del ilegítimo grupo de fuerzas
especiales para actuar de manera violenta y represiva contra ciudadanos y
autoridades comunitarias.
2. Las detenciones arbitrarias, el cobro de multas a familias humildes y las liberaciones irregulares de detenidos.
3. Las expulsiones de comandantes y
consejeros regionales sin argumentos ni pruebas y sin el debido proceso
de la justicia comunitaria.
4. La realización de acciones de
confrontación que ponen en riesgo de represión al pueblo mientras se
sientan en las mesas de diálogo y reciben dinero del gobierno, mismo que
utilizan para pagar a sus fuerzas especiales y su campaña de
difamación.
El 16 de julio en la asamblea regional en
Santa Cruz del Rincón se nombró una nueva coordinadora que sería
ratificada el 7 de julio en Tlaxcalixtlahuaca. Así quedaron nombrados y
ratificados los coordinadores y los comandantes regionales por un
periodo de 1 año. Con el fin de evitar la confrontación entre los
pueblos, la Asamblea Regional de los pueblos fundadores acordó Santa
Cruz del Rincón como sede provisional de la Casa de Justicia que
históricamente ha sido San Luis Acatlán.
Los coordinadores de San Luis Acatlán
nunca fueron ratificados por sus comunidades, no cuentan con acta de
nombramiento de asamblea regional y fueron desconocidos por 17
comunidades fundadoras de la CRAC-PC con actas de asamblea levantadas
desde junio de este año, mismas que obran en los expedientes de la Casa
de Justicia provisional de Santa Cruz del Rincón.
En agosto pasado, dicha Casa de Justicia
hizo un llamado a los grupos de policías comunitarias, ciudadanas y
populares de Guerrero para levantar la voz contra la represión, revisar
la estrategia de resistencia y construir una red de solidaridad:
“Llamamos a los pueblos de Malinaltepec,
Zitlaltepec, Ayutla, Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán, Tlatlahuquitepec a
solidarizarnos como pueblos y comunidades. Llamamos a estar atentos y
solidarizarnos con los pueblos y comunidades de la Costa Chica
articulados en el Sistema de Seguridad Ciudadana de la UPOEG y con la
Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y
Popular de Temalacatzingo.”
El 26 de septiembre de 2013 cientos de
indígenas me’phaa y na’saavi de los pueblos fundadores de la CRAC-PC
arribaron a su Casa de Justicia en San Luis Acatlán para iniciar lo que
ellos llaman “el proceso de recuperación”. Los pueblos fundadores
emitieron la declaración: “Hoy decimos que recuperaremos la Casa de
Justicia de nuestros pueblos”, en la cual quedan muy claras las razones
por las que deciden esta acción. El documento firmado por 34 autoridades
civiles y agrarias de 22 comunidades fundadoras de la CRAC-PC sintetiza
el proceso por el que están atravesando y rechaza categóricamente:
1. La entrega del Sistema Comunitario de
Seguridad y Justicia al estado llevada a cabo por la coordinadora de San
Luis Acatlán a través de la credencialización de la Policía Comunitaria
realizada por el Ejército Mexicano. Esta decisión no fue avalada ni
consultada en ninguna asamblea por lo que no tiene ninguna legalidad ni
legitimidad.
2. Las incursiones del Ejército Mexicano y
la Marina en territorio comunitario con el pretexto del combate al
narcotráfico, mientras los cárteles del crimen organizado siguen
penetrando en nuestros territorios.
3. Las incursiones de las Fuerzas Armadas
federales [sic] en nuestro territorio con el pretexto de la Cruzada
Nacional contra el Hambre. Tenemos pruebas de cómo han realizado
recorridos y entrenamientos nocturnos, dejando señales de fierro
marcadas en lugares estratégicos en nuestros pueblos.
4. El hostigamiento sistemático y la
represión contra los pueblos y comunidades organizadas de manera
legítima con policías comunitarias y policías ciudadanas. A todas las
policías comunitarias y ciudadanas de Guerrero y de México que trabajan
con la visión de servicio al pueblo les expresamos nuestra solidaridad
frente a la represión.
También denuncian cómo “el gobierno en su
afán por controlar, cooptar, subordinar y desmantelar a la CRAC ha
utilizado diferentes estrategias en estos casi 18 años: la represión
directa; la difamación y criminalización; los intentos de sometimiento; y
finalmente la infiltración de agentes de manera directa e indirecta a
través de organizaciones oportunistas.”
Además exigen “a los gobiernos estatal y
federal una relación de respeto pero nunca de subordinación. No
renunciaremos a nuestros derechos colectivos, al derecho de nuestros
pueblos a la autonomía y libre determinación, amparado por las leyes
estatales, nacionales e internacionales”.
Las armas y la razón
La mañana del 26 de septiembre del año en
curso, policías comunitarios y fuerzas especiales encañonaron y se
enfrentaron a ciudadanos y ciudadanas. Las fuerzas especiales hicieron
disparos al aire, de los que quedaron como prueba tres casquillos
calibre 22. El resultado de utilizar policías comunitarias para proteger
con armas a una persona que no tiene ninguna legitimidad ni legalidad
fue de tres civiles heridos y, al parecer, policías lastimados. Las
autoridades de los pueblos fundadores denunciaron que por segunda
ocasión en este año –primero bajo las órdenes de Pablo Guzmán Hernández y
ahora bajo el mando de Eliseo Villar Castillo– se utilizaron a las
fuerzas especiales para reprimir a las autoridades comunitarias.
Tras el primer enfrentamiento de
autoridades y ciudadanos contra policías comunitarias por entrar al
patio de la Casa de Justicia, Eliseo Villar Castillo logró mantener el
control de la misma al incrementar paulatinamente el número de armas y
elementos. Al no concretarse ningún acuerdo para entregar de manera
pacífica la Casa de Justicia de San Luis Acatlán a las autoridades de
todas las comunidades que la han integrado históricamente, los pueblos
fundadores instalaron un campamento en la calle frente a las oficinas
históricas de la CRAC.
Se documentó que en todo momento quienes estaban dentro contaron con libertad de tránsito.
En la tarde se dieron una serie de
intervenciones con micrófono donde participaron por parte de los pueblos
fundadores diversas autoridades comunitarias, y por parte de Eliseo
Villar Castillo, además de la coordinadora Adelaida Hernández, algunos
de sus familiares (como su hermana y su cuñado), quienes abogaron por su
“buen desempeño” al frente de la institución. Por su parte, Villar
ofreció convocar a asamblea regional el 20 de octubre en Cuanacaxtitlán y
defendió la credencialización por parte de la Secretaría de la Defensa
Nacional a 970 policías comunitarios, la obtención de proyectos
productivos, el recurso de 8 millones de pesos para la compra de un
predio y los salarios para los coordinadores y las fuerzas especiales.
El 27 de septiembre de 2013 más
comunidades representadas por sus autoridades civiles y agrarias
llegaron a reforzar el campamento de los pueblos fundadores de la
CRAC-PC. A pesar de la incomunicación y daños ocasionados por el huracán
y pese a que estos días corresponden a la fiesta de San Miguel, una de
las más representativas de la región, el movimiento de los pueblos
fundadores estuvo visiblemente nutrido.
En
una denuncia pública, informan que “durante la noche y todo el día de
hoy, grupos de policías comunitarios ajenos a nuestra región se
atrincheraron en la Casa de Justicia introduciendo muchas armas […].
Nosotros exigimos respeto a nuestros pueblos y que se nos permita
componer nuestro camino con un diálogo entre comunidades”. También hacen
una serie de preguntas: “¿Por qué Eliseo Villar Castillo responde a
nuestra exigencia llenando de gente armada la Casa de Justicia y otras
casas de la ciudad de San Luis Acatlán, donde entra y sale gente armada
frente a los ojos de nuestros pueblos? ¿Para eso crearon nuevos grupos
de policías y los legitimaron con el Ejército Mexicano?”.
Esa misma mañana, el periódico amarillista El Faro de la Costa Chica,
junto con un video denominado “Nueva agresión a la CRAC-PC”, filmado
por Leovigildo Moctezuma y dado a conocer a través de Youtube, buscaban
responsabilizar y abonar al linchamiento mediático contra Cirino Plácido
Valerio y su familia, al afirmar que fue él quien había realizado la
toma y que ésta obedecía a intereses personales.
El 28 de septiembre de 2013 amaneció con
ambas partes del conflicto nutridas, puesto que continuaron arribando
grupos armados de los municipios de Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa,
Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Azoyú y Juchitán, pese al llamado oficial
que realizó Raúl Medina, síndico de la cabecera municipal de San Luis
Acatlán, quien reprobó la intervención de grupos armados de los
mencionados municipios.
En el transcurso de la mañana llegaron
los representantes de Tlachinollan y de Serapaz para interceder como
mediadores de este conflicto y buscar una salida con base en el respeto
de los derechos humanos. Lamentablemente la estrategia de los intereses
que representa Villar fue presionar y amenazar para forzar a los pueblos
fundadores a negociar, como da cuenta la denuncia emitida por sus
autoridades esa tarde: “Lamentamos que el día de hoy, a las 17:30 horas,
después de nuestra entrevista con Miguel Álvarez y Abel Barrera, llegó
nuevamente un grupo de personas con uniforme de policía comunitaria de
Cuajinicuilapa y otros municipios ajenos a la Casa de Justicia de San
Luis Acatlán. Lo entendemos como una provocación abierta para generar un
escenario de violencia. Hacemos responsable a Eliseo Villar Castillo y a
toda su red de cómplices, así como a los gobiernos estatal y federal de
cualquier ataque de grupos armados contra autoridades comunitarias y
ciudadanos de nuestras comunidades me’phaa y na’saavi”.
La llegada de los defensores de derechos
humanos para jugar el papel de mediadores en este conflicto se dio
“debido a la llamada telefónica que realizó un funcionario federal para
solicitar su intervención, puesto que el Ejército Mexicano ya estaba
listo para incursionar y la única forma en la que no lo harían era a
través de su intervención como mediadores”, declaró Miguel Álvarez.
Las palabras que expresó el sacerdote
Francisco Javier, de la parroquia de Santa Cruz el Rincón, resumen el
sentir de los pueblos fundadores: “El problema es sencillo, nada más que
yo veo que son los compañeros de allá [Eliseo Villar] los que están
complicando, porque si se trata de autoridades, ya lo dijeron aquí los
señores, tenemos: ¿cuántos comisarios?, ¿cuántos delegados?, ¿cuántos
pueblos aquí representados? ¿Y ellos? No metamos a la gente de afuera,
porque esta gente de los pueblos fundadores también tiene relación con
las mujeres de Xaltianguis, con los de Ayutla, Tecoanapa, Cruz Grande y
San Marcos. Y si se trata de eso, también tienen gente, yo los conozco…,
pero ellos no los traen, ellos son honestos, ellos son honrados. Pero
ellos sí, están trayendo gente de fuera, están jugando mal, están
jugando chueco… Se acaba de decir: ¿cuántos delegados tienen,
cuántos comisarios? Vamos nombrando una asamblea, pero que participen
las comunidades que fundaron, que conocen este Sistema de Seguridad y
Justicia”.
Ante proyectos completamente distintos y
posturas que no están dispuestas a ceder, las primeras condiciones de
los pueblos fundadores para entablar un diálogo nunca fueron si quiera
consideradas por Eliseo Villar. Finalmente la comisión de intermediación
salió por última vez y comunicó la decisión de Eliseo Villar: “tienen
15 minutos para retirarse, de lo contrario aténganse a las
consecuencias”. En ese momento inició un repliegue del movimiento de
pueblos fundadores, quienes se desplazaron a las instalaciones de la
Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC). Las fuerzas especiales de
Eliseo salieron fuertemente armadas y los grupos armados afromexicanos
formaron una valla para burlarse de quienes, desarmados, se encontraban
en desigualdad.
Si bien actualmente es Eliseo Villar
Castillo quien representa el proyecto de la CRAC-PC que pactó con el
gobierno federal y estatal, los pueblos fundadores tienen ahora más
claro a lo que se enfrentan. La mañana del 29 de septiembre, la Casa de
Justicia de Santa Cruz del Rincón lanzó un llamado urgente frente a la
represión dirigido a las Casas de Justicia de Espino Blanco, Zitlaltepec
y El Paraíso, del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia; al
Sistema Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular de
Temalacatzingo; y al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía
Ciudadana, coordinado por la UPOEG.
En éste se lee: “Hoy los llamamos a tomar
medidas de solidaridad civil y pacífica, cada quien según su modo y
lugar, ante un ataque de grupos armados que dicen ser policías
comunitarios contra autoridades indígenas nombradas por asambleas
comunitarias, a quienes se nos debe respeto y, según nuestro reglamento
interno, la Policía Comunitaria no puede atacar al pueblo, debe
defenderlo y obedecer a sus representantes.
“[…] El día de ayer, sábado 28 de
septiembre, las 22 comunidades representadas por comisarios,
comisariados, consejeros y ciudadanos, instalados en asamblea
permanente, aceptamos intentar un proceso de diálogo para una salida
pacífica a la recuperación de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán,
confiando en la intermediación de Miguel Álvarez, de Serapaz, y Abel
Barrera, de Tlachinollan.
“Les pedimos comunicar que nuestra
exigencia era la entrega de nuestra Casa de Justicia a las autoridades
comunitarias y que para ello solicitábamos la salida de grupos armados
ajenos a nuestra región que estaban siendo usados para amedrentarnos y
eventualmente reprimirnos; la entrega de la Casa a las autoridades
tradicionales, agrarias y civiles de todas las comunidades que
históricamente la integramos y la congelación de las cuentas de la CRAC,
a través de las cuales el gobierno estatal deposita dinero a la
Coordinadora.
“La respuesta de Eliseo Villar fue la
misma que el jueves 26 en el sentido de que ellos citarán a una asamblea
regional el día 20 de octubre de 2013 en Cuanacaxtitlán. Nosotros
explicamos los argumentos por los que veíamos a esa instancia destruida
desde el 23 de febrero de este año y la nula legitimidad y legalidad de
Eliseo Villar al no contar con ninguna acta de nombramiento ni de
ratificación de su comunidad.
“Lejos de dar señales de paz, llegaron
más camionetas con gente armada y uniformes de policías comunitarios de
los municipios arriba mencionados. Nuestra asamblea permanente de
autoridades indígenas le pidió a dichas organizaciones de derechos
humanos que insistieran en que era necesaria la salida de estos grupos
armados y también una relación de las autoridades civiles o agrarias que
respaldaban a dichos grupos armados para saber mínimamente quiénes eran
nuestros interlocutores, a lo cual no hubo ninguna respuesta favorable.
“Después de un desgaste con los
organismos de derechos humanos y ante la firme decisión de nuestros
pueblos de no movernos de la recuperación de nuestra Casa de Justicia,
los organismos de derechos humanos nos comunicaron la orden de Eliseo
Villar, donde nos daban 15 minutos para desalojar nuestra asamblea
permanente de autoridades, principales y consejeros, procediendo ante
nuestra negativa a desalojarnos de manera violenta, amenazando con armas
largas, machetes y palos, insultando de manera indignante a hombres y
mujeres civiles y a autoridades de nuestros pueblos.
“Le exigimos a los afromexicanos que se
prestaron a reprimirnos que respeten nuestra visión y nuestros derechos
como pueblos indios y se retiren inmediatamente de nuestro territorio
para poder seguir el camino de la reconstitución integral como pueblos
originarios de estas tierras.
“Nunca podrán despojarnos de nuestra
memoria y nuestra dignidad. Resistiremos. No nos rendiremos […].
Continuaremos el proceso de reconstitución del Sistema Comunitario de
Seguridad y Justicia de la Costa Montaña de Guerrero y del territorio
comunitario…”.
Por consenso, el rumbo del movimiento de los pueblos fundadores
El 29 de septiembre amanecieron cientos
de indígenas me’phaa y na’saavi de los pueblos fundadores de la CRAC-PC
en las instalaciones de la organización cafetalera ARIC. Pasaron la
noche anterior tras el desalojo analizando los alcances de la acción
realizada, durante la mañana se volvió a instalar la asamblea permanente
cuyo acuerdo fue informar en cada comunidad y consultar los pasos a
seguir en una asamblea regional de los pueblos fundadores el 12 de
octubre de 2013, en la comunidad de Tlaxcalixtlahuaca. Mientras que la
CRAC, que representa Eliseo Villar, sesionaría el 20 de octubre en la
comunidad de Cuanacaxtitlan.
Ni el gobierno federal ni el estatal
manifestaron su postura a través de ningún medio respecto a la tensión
vivida durante los 3 días en San Luis Acatlán. Lo único que se pudo
saber fue a través de las declaraciones de los defensores de derechos
humanos presentes, quienes reiteraron en diversas ocasiones que
funcionarios del gobierno federal estaban listos para ordenar una
intervención del Ejército Mexicano; ese mismo que instaló retenes en
Plan de Ayala para evitar un enfrentamiento, pero dejó pasar a grupos
armados de otros municipios.
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