Guadalupe Espinoza Sauceda
Este 5 de febrero nuestra
Constitución política del Estado mexicano cumple 100 años de vida, es su
centenario. Es el documento donde se sintetiza el pacto social surgido después
de la revolución de 1910, que el Presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero
de 1917 promulgó y donde se nos ha dicho que están contenidos los derechos del
pueblo mexicano, principalmente de los trabajadores y de los campesinos, que son
los que fueron a la guerra, consagrados en los artículos 123 y 27, que junto con
el artículo tercero y el 130 forman la parte más importante de nuestra
Constitución. Nos han dicho que son su alma, otros refieren que es el artículo
27, el del derecho a la tierra, el más importante, de este precisamente quiero
hablar un poco aquí.
Pero lo que sería el artículo 27
no solo fue solo obra de los pensadores que dieron forma a lo planteado por los
campesinos en armas, como Andrés Molina Enríquez, Pastor Rouaix, Heriberto
Jara, Francisco G. Múgica y Luis Cabrera; este último redactó la Ley del 6
enero de 1915, que sería el antecedente inmediato del artículo 27
constitucional, que fue producto de la presión popular que ejercieron los
ejércitos campesinos como el de la División del Norte y del Ejército Libertador
del Sur. Los que más claro tenían que querían los campesinos y los indígenas
eran los zapatistas con su famoso Plan de Ayala y que no les quiso o pudo
cumplir Francisco I. Madero, que también tuvo su Plan de San Luis donde
contemplaba la restitución de las tierras a los pueblos y Carranza el Plan de
Guadalupe.
Venustiano Carranza al expedir la
Ley del 6 de enero en 1915 en el puerto de Veracruz donde se encontraba
replegado en su guerra contra el villismo y zapatismo, lo hace con el claro
objetivo de restarle banderas al zapatismo y quitarle adeptos y de paso al
villismo también, no porque estuviera convencido y simpatizara con las demandas
de los campesinos, pues dentro las facciones revolucionarios que se disputaban
la supremacía el carrancismo al que se encontraba aliado estratégicamente el
obregonismo eran la derecha, aunque no podemos negar que dentro de esa facción
anduvieran hombres de gran valía como los generales Lucio Blanco, Francisco G.
Múgica y Salvador Alvarado.
A la muerte de Carranza que era
la facción triunfante al frente de la revolución quedaron los sonorenses, con
Álvaro Obregón a la cabeza y si bien es cierto que estaban aliados con el
primero, dentro de esa facción eran la izquierda, lo cual se demostró con la
entrega de tierras durante su mandato, donde jugó un papel importante el Lic.
Antonio Díaz Soto y Gama, viejo integrante del Club Liberal Ponciano Arriaga
junto con los hermanos Flores Magón y de los anarquistas que después se alió al
zapatismo, pero que con Obregón se hizo converso al obregonismo llevando las
banderas del zapatismo. Considero que Obregón hizo cálculos políticos sabiendo
que no podría ganar la guerra y pacificar las brasas aún humeantes de la
revolución si no hacía concesiones a los zapatistas, pues, aunque derrotados
militarmente eran una fuerza importante y eran los que más claridad tenían la
cuestión de la tierra.
Lo que caracterizó al régimen
post revolucionario fue el reparto de tierras a través de la figura de la reforma
agraria, los campesinos se sentían parte del Estado mexicano o al menos los
gobernantes decían que eran sus herederos, formándose un pacto y una ideología
la del nacionalismo revolucionario que le dio enorme legitimidad a la clase
política constituyendo uno de los pilares de su longevidad. Todos los
presidentes utilizaron el reparto agrario de manera política, unos para someter
a los “enemigos de la revolución” hecha gobierno, otros para controlar a la
clase campesina y movilizarla cuando fuera necesario, o ambas según se
requiriera, así como fuente cautiva de votos a los partidos oficiales como el Partido
Nacional Revolucionario (PNR), el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún vigente y heredera de esa casta.
Solo el Gral. Lázaro Cárdenas
pretendió redimir y convertir a los ejidos y comunidades agrarias no solo en
propietarios de las tierras, aguas y bosques, sino en una forma de vida
efectiva, real y sobre todo económica, el problema es que los corporativizó y
los hizo clientela del partido oficial, aunque eso ya venía de tiempo atrás.
Durante su mandato los ideales de la revolución parecieron cristalizarse, de
ahí para adelante vino el declive de la revolución mexicana, aunque ninguno de
los gobernantes se atrevió a decir que no era revolucionario hasta la época
neoliberal, que empezó con Miguel de la Madrid Hurtado, por eso tenía razón
José López Portillo cuando dijo que era el último presidente de la revolución.
El que le dio un duro golpe al
ejido y las comunidades agrarias fue Carlos Salinas de Gortari, a la vez que se
apropiaba diciendo que era suyo el discurso y legado de Zapata y la frase de
tierra y libertad. En el año de 1992 reformó el artículo 27 constitucional para
meter la tierra al mercado como mercancía, quitándole el carácter de
inembargable, imprescriptible e inalienable, es decir, que no se podía embargar
por deudas, y los que poseyeran tierras ejidales o comunales de buena o mala fe
no adquirían derechos sobre ellas por el paso del tiempo, además de que no se
permitía ningún trato que implicara la transmisión de derechos sobre ellas, y mucho menos la venta, aunque al
proteger legalmente las tierras al Estado le permitía tener un pie dentro de la
vida y autonomía comunitaria de la propiedad social, que usaba políticamente
a su conveniencia y antojo, esto conforme a la anterior redacción del artículo
27 constitucional y que se operativizaba con la Ley Federal de la Reforma
Agraria, con la reforma salinista se creó un nuevo derecho agrario lo mismo que
una nueva institucionalidad agraria, no obstante el viento en contra los
campesinos e indígenas supieron resistir los tiempos privatizadores.
Salinas fue algo contradictorio
con el tema de tierras y territorio, pues si la reforma al artículo 27
constitucional además de lo anterior, también dio por cancelado el reparto
agrario, es decir, el Estado daba fin a la entrega de tierras a los campesinos
y por otro lado en 1989 firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que reconocía los territorios de los pueblos indígenas,
además de reformar el artículo 4 constitucional en el 1992 donde México
aceptaba por primera vez a los pueblos indígenas y se reconocía el Estado
mexicano como pluricultural, seguramente era más una medida política que
efectiva, pues no se tenía pensado cumplirlo a cabalidad. Era una manera de
quitarle banderas al movimiento indígena que en 1992 conmemoraba los 500 años
del choque entre el viejo y el nuevo mundo.
Otro momento de la historia de
México cuando se trató el tema de tierras y territorios fue en el 2001 con
motivo de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena
que venían impulsando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y
diversas organizaciones indígenas, entre ellas el Congreso Nacional Indígena
(CNI) derivada del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar
firmados el 16 de febrero de 1996 entre el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de
León y los rebeldes, pero se desnaturalizó la propuesta en lo referente a las
tierras, territorios y recursos naturales, pues lo que se reformó y adicionó en
el artículo 2 fracción VI de la Constitución solo fue retórica constitucional
que no dice nada nuevo, excepto que los pueblos y comunidades indígenas tendrán
preferencia sobre el uso y disfrute de sus bienes naturales, aunque en términos
prácticos ha sido nulo este derecho por la situación económica tan desventajosa
en que se encuentran los indígenas respecto del resto de la sociedad nacional.
En el año de 2012 a escasos día
de dejar su mandato Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN)
envió a la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas a la Ley Agraria en
la que pretendía entre otras cosas que las asambleas ejidales y comunales
autorizaran a todos los ejidatarios y comuneros a adoptar el dominio pleno
sobre sus parcelas, en términos llanos significaba que se hicieran propietarios
privados de sus tierras, bajo el discurso de impulsar el desarrollo del campo
mexicano; de haber prosperado le hubiera propinado un golpe mortal a la
propiedad social, lo bueno fue que lo hizo cuando ya se iba y estaba debilitado
y lo positivo de esto fue que quedó solo en eso, en una intentona.
Uno de los últimos ataques que ha
sufrido la propiedad social en esta ola de globalización económica, en la que
los últimos gobiernos tanto del PRI como los emanados del PAN se han subido, ha
sido vía indirecta a través de la reforma energética a los artículos 27 y 28 constitucionales
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2013, y
consecuentemente con las reformas a la Ley de Hidrocarburos y a le Ley de la
Industria Eléctrica del 11 de agosto de 2014, y entre otras reformas a la Ley
de Inversión Extranjera, Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público
Privadas.
Por ejemplo la Ley de
Hidrocarburos dice que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública,
por lo que el Estado puede constituir servidumbres legales (por vía administrativa o jurisdiccional) o proceder a
la ocupación o afectación superficial de los terrenos (entre ellos los de
propiedad social, es decir, de ejidos y comunidades), y que las actividades de
exploración y explotación tienen preferencia sobre cualquier otra actividad,
como la agropecuaria, al igual que la actividad minera, sin interesarles lo que
opinen sus propietarios, los que solo podrán acordar “la forma o modalidad de uso, o, afectación” que deberá ser idónea
para el desarrollo del proyecto. Pudiendo “emplearse
las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial,
ocupación temporal, compraventa o permuta”, según lo dispone el artículo
101 de la referida ley, en la que los dueños solo tendrán derecho a una
contraprestación a valor comercial. Si no se llegara al acuerdo podrían los
contratistas o empresas irse por la imposición de la servidumbre legal, ya sea
en la vía administrativa o jurisdiccional para lograr su propósito, incluso el
Estado podría expropiar los terrenos o superficie necesaria.
Como se ve estamos frente al
ataque a la propiedad social, tanto por la clase política como por la económica
y más que festejar el centenario deberíamos pensar como defender los logros de
la revolución mexicana. Que no nos quiten y despojen de nuestros bienes comunes,
entre ellos la tierra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario