Los pueblos que orientaron nuestro
camino hace más de 17 años, vieron el riesgo de que nuestro sistema de
justicia fuera cooptado por el Estado o por grupos oportunistas, por eso
la base siempre serán las asambleas comunitarias y la asamblea regional
Cirino Plácido Valerio (fundador
del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia; acompañante del
Congreso Nacional Indígena desde 1996 y de la Marcha del Color de la
Tierra con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2001;
fundador, excoordinador y consejero de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria y actual comisariado de
Buenavista de Cuéllar, Guerrero)
Corredor Costa Chica-Montaña,
Guerrero. Sus rostros muestran alegrías, recuerdos, sonrisas; se oyen
las voces costeñas. La mayoría son mujeres y hombres maduros, con la
piel curtida por la montaña. Afuera del auditorio sin paredes, el sol
calienta con fuerza; inmensas montañas, que recién reverdecen, rodean,
vigilantes, la reunión. Los asistentes a la asamblea regional son
indígenas me’phaa y na’saavi, de la región Costa-Montaña de Guerrero. Es
el 16 de junio de 2013 en la comunidad de Santa Cruz el Rincón,
municipio de Malinaltepec, donde hace más de 17 años una asamblea, que
reunió a muchos de los hoy presentes, acordó la creación de la Policía
Comunitaria un 15 de octubre de 1995.
Las participaciones buscan rescatar la
memoria. La asamblea es testimonio de la convicción de más de 20
comunidades por reconstituir su Sistema Comunitario de Seguridad y
Justicia, articulado en la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que –dicen– les ha sido
despojado por grupos oportunistas con intereses y visiones ajenas a su
proyecto comunitario.
La tarde ha comenzado y la Asamblea
Regional ha revocado ya el mandato a la Coordinadora de San Luis Acatlán
y ahora procede a elegir nuevos coordinadores y comandantes regionales
para la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Con la distinción de “pueblos
fundadores”, no buscan un reconocimiento a sus sacrificios; aseguran
que tampoco se trata de un afán protagónico: buscan reivindicar su
historia y diferenciarse de la CRAC-PC que opera en San Luis Acatlán, la
cual los considera “una disidencia”.
Hoy, una de las luchas indígenas más
emblemáticas del país, la CRAC-PC, está dividida y, a 17 años de su
fundación, vive uno de los retos más duros de su largo camino. El
gobierno del estado, que siempre ha buscado la desaparición o
subordinación de este proyecto comunitario, hoy aprovecha la
confrontación interna.
Los gobiernos federal y estatal
utilizan la situación para militarizar e imponer su lógica de
golpear-negociar para desaparecer todo proceso con margen de autonomía.
El grupo que desde hace algunos años pretende dirigir a la CRAC, a decir
de algunos principales y autoridades comunitarias, son personas que
“llegaron de otro lugar, se apoderaron del proyecto y han utilizando la
legitimidad que la institución se ha ganado para dividir a nuestros
pueblos”. Actualmente, afirman, “estamos viendo muy seriamente las
agresiones y amenazas contra líderes y principales de nuestras
comunidades”. Las autoridades comunitarias lo tienen claro: “Estamos
frente a un grupo que trae un interés muy fuerte. Corremos un gran
riesgo de que nos manden a matar”, afirman.
7 de julio de 2013, Tlaxcalixtlahuaca,
municipio de San Luis Acatlán. Nuevamente se encuentran reunidas las
autoridades de más de 20 comunidades.
La asamblea regional vuelve a
sesionar, presidida por comisarios y comisariados que acompañan a las
recién nombradas autoridades regionales de la CRAC-PC de los pueblos
fundadores. Los asistentes son en su mayoría hombres y mujeres adultos,
pero también se encuentran varios grupos de jóvenes. Los policías
comunitarios portan sus uniformes verde olivo con el estampado de la
CRAC-PC, así como sus rifles de caza y las armas con las que cada
comunidad los equipó para proteger al pueblo.
Cada grupo acompaña a su comisario,
representante de la asamblea de su comunidad. Se sientan alrededor de la
Asamblea como guardianes del pueblo, pero sobre todo como parte del
pueblo. Atentos a la palabra, algunos incluso participan, pero tienen
claro que es la asamblea regional y las autoridades comunitarias quienes
han de orientar la reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y
Justicia, proceso que las comunidades han decidido caminar, como hace
17 años, sin importar los riesgos y los sacrificios.
Las nuevas autoridades regionales,
coordinadores y comandantes han sido ratificados en sus comunidades, por
lo que la asamblea regional les reconoce su nombramiento definitivo,
que vuelve a ser por el periodo de 1 año para evitar la corrupción, como
había sido desde un inicio en 1995 y hasta el periodo de Pablo Guzmán
Hernández, quien lo modificó a 3 años. Para evitar cualquier
confrontación con la CRAC de San Luis Acatlán y de El Paraíso, en
Ayutla, los pueblos fundadores han decidido establecer su Casa de
Justicia provisional en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.
8 de julio de 2013. La CRAC-PC de los
pueblos fundadores ha comenzado a recibir detenidos. Reorganizan el
camino de la justicia comunitaria y la reeducación con las comunidades,
que desde el 2 de junio habían dejado de recibir detenidos, de realizar
guardias y de responder a la CRAC que opera en San Luis Acatlán: “Las
graves denuncias e irregularidades cometidas [por la Coordinadora de San
Luis Acatlán] han sido documentadas y expuestas en las actas de esta
Asamblea de Autoridades Comunitarias de los días 19 de mayo y 2 de junio
del presente” [sic], dice el Acta de Nombramiento de los Nuevos
Coordinadores y Comandantes Regionales.
Ante la gravedad de la confrontación
“interna” por amenazas, detenciones ilegales y las señales
gubernamentales poco alentadoras de paz en el estado, la asamblea
regional ha decidido lanzar un llamado de alerta: contra la represión y
por la solidaridad al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista
de Liberación Nacional y a la Red Nacional contra la Represión y por la
Solidaridad, a través del cual denuncian una campaña mediática en la que
la propia CRAC, que opera en San Luis Acatlán, ha señalado injustamente
a las comunidades y a luchadores sociales de la región, como Cirino
Plácido Valerio, comisariado ejidal de Buena Vista, y Apolonio Cruz
Rosas, comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, de ser
traidores, paramilitares, pistoleros, agentes del gobierno, agentes de
empresas mineras, sin pruebas ni argumentos. El texto señala que
“reiteradamente se ha utilizado la frase derramamiento de sangre, lo
cual es absurdo, porque nuestros pueblos siempre han sabido caminar con
la palabra”.
El gobierno de Guerrero
El 25 de junio de 2013, el gobernador
de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció en reunión con el
subsecretario estadunidense del Departamento de Comercio para asuntos
del Hemisferio Occidental, Walter Bastian, “que no quiere que se vea a
Guerrero solamente como un destino turístico, sino como una entidad con
desarrollo comercial, con el impulso a las áreas agroindustrial y
minera”. Especialistas del Departamento de Comercio de Estados Unidos
recomendaron la conformación de centros de investigación para
perfeccionar la producción agroindustrial y minera en Guerrero, con el
impulso de nuevas tecnologías, en donde participen empresarios,
investigadores y autoridades gubernamentales.
La gira del gobernador contempló,
además del Departamento de Comercio y la Cámara de Comercio
México-Estados Unidos, una reunión con la vicepresidenta del Chicago
Council on Global Affairs, Rachel Bronson, y otra reunión con hoteleros y
representantes de agencias de viajes. Durante esta gira de trabajo en
Estados Unidos no se realizaron acuerdos en materia de seguridad,
educación o salud. La promoción del turismo, la extracción de minerales y
la agroindustria fueron los ejes principales a tratar, ofreciendo
“certeza jurídica” para la realización de dichas actividades.
El 11 de julio de 2013 –después de una
reunión a puerta cerrada en Chilpancingo, la ciudad capital del estado,
donde participaron alcaldes del Partido Revolucionario Institucional y
del Partido de la Revolución Democrática; el secretario estatal de
Seguridad Pública, Sergio Javier Lara Montellano; altos mandos de la
Armada de México y de la Novena Región Militar; así como el recién
nombrado secretario general de Gobierno estatal, Jesús Martínez Garnelo–
Ángel Aguirre Rivero envió al Congreso del estado el Decreto de
Creación de la Policía Rural, la cual iniciaría operaciones con 2 mil
elementos para dar seguridad en las zonas rurales, y se les asignará un
sueldo bajo la dirección del Mando Único, a la cual se tendrán que
integrar “todas las policías comunitarias y autodefensas del estado de
Guerrero”.
En el llamado de alerta emitido por la
asamblea regional de la CRAC-PC de los pueblos fundadores se analiza la
relación que los gobiernos federal y estatal han generado con las
principales organizaciones que encabezan nuevos movimientos de
autodefensa e impulsan policías comunitarias en diferentes regiones del
estado y cómo esto ha repercutido en la vida interna del Sistema
Comunitario de Seguridad y Justicia: “hoy los que pretenden dirigir a la
CRAC-PC desde San Luis Acatlán y El Paraíso, en Ayutla, igual que la
Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y su Sistema
de Seguridad Ciudadana, se han sentado a la mesa de la Comisión para el
Diálogo con los Pueblos Indígenas, del gobierno federal, y reciben
dinero del gobierno del estado. Es con esos recursos que los que hoy
dirigen esa CRAC mantienen a su grupo de fuerzas especiales y recorren
las comunidades en camionetas con esta campaña de agresiones, ofreciendo
proyectos y obras públicas a los comisarios”. En efecto, una invitación
de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, dirigida a los comisarios
municipales, firmada por Eliseo Villar Castillo y demás coordinadores,
expresamente dice: “traer una obra prioritaria para su comunidad” a
resolverse en una reunión con el comisionado para el diálogo con los
pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz.
Los asesores externos y el actual conflicto de la CRAC
13 de julio de 2013, San Luis Acatlán.
Se realiza la asamblea de la CRAC que opera en esta localidad. El
auditorio tiene una sola entrada y sus paredes son altas, las gradas
lucen llenas de policías comunitarios uniformados; destacan grupos de
policías de comunidades afromexicanas recién incorporadas a la Policía
Comunitaria y las llamadas “fuerzas especiales”, que coordinan la
logística de la reunión. Con 3 horas de retraso y con la asistencia de
aproximadamente cinco comisarios municipales inicia la reunión. Al
frente de la mesa que preside dicho evento destaca el senador Armando
Ríos Piter. El dirigente de la Unión de Ejidos La Luz de la Montaña, que
en el XV aniversario de la Policía Comunitaria le abrió las puertas a
Adolfo Oribe, lee el orden del día. Con sorna, se refiere al principal
punto a tratar: “la supuesta casita de justicia del grupito que se dice
fundador de la CRAC”.
El denominado “asesor jurídico” de la
CRAC, Valentín Hernández Chapa, interrumpe el curso de la Asamblea para
pedir frente a los asistentes, incluidas organizaciones de derechos
humanos, que este reportero sea expulsado de la reunión, que fue
convocada de manera pública. El argumento es que este reportero no ha
favorecido a su grupo y ha publicado los testimonios de las comunidades
fundadoras.
Valentín Hernández Chapa aparece desde
marzo de 2011 en la nómina del personal administrativo de la
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), con el cargo de
auxiliar jurídico. Cabe señalar que desde la Rectoría, encabezada por
Rafael Aréstegui, y con la asesoría evidente del auxiliar jurídico, se
impulsó desde mediados de 2012 el convenio de esta institución con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que la UIEG,
ubicada en la comunidad de La Ciénega, fuera la que promoviera el
proyecto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero.
Si bien la CRAC de San Luis Acatlán ha
manifestado en los medios de comunicación su papel en la defensa del
territorio, como supuesto asesor jurídico de una de las instituciones
que han articulado el territorio comunitario, a Valentín Hernández Chapa
no pareció preocuparle la certificación realizada en los últimos años
de grandes predios situados en la mayoría de los núcleos agrarios que
integran el territorio comunitario como áreas naturales protegidas bajo
la figura de áreas voluntarias destinadas a la conservación.
Su presencia en la región, sin
embargo, es anterior, pues en 2004 llegó a la CRAC-PC como delegado de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
instancia en la que laboró con el IDFILIACION: F HECV-730203, bajo la
clave CEN_TRAB CLAVE ADSCRIP: 12046R823CCI, Ometepec, Guerrero.
Hernández Chapa ha sido cuestionado
desde que volvió como “asesor jurídico” de la CRAC-PC en 2010 con Pablo
Guzmán Hernández como coordinador regional, cuando ya había sido
expulsado de la institución por la asamblea regional en más de una
ocasión. Las comunidades lo han cuestionado por portar indebidamente el
uniforme de policía comunitario, cargo que se gana en la asamblea
comunitaria; por crear la figura jurídica de la CRAC para gestionar
proyectos productivos; por autonombrarse “asesor jurídico” y “vocero”,
figuras que no existen en el reglamento interno ni han sido avaladas en
asamblea regional.
Actualmente existen dos CRAC-PC: la
que está reconstituyendo las comunidades que fundaron la Policía
Comunitaria, cuya Acta Constitutiva muestran notariada y fechada un 15
de octubre de 1995 en Santa Cruz del Rincón, donde se exige sea
respetada la “autonomía y autodeterminación de los pueblos para ejercer
la seguridad y justicia”; y la que opera en la Casa de Justicia de San
Luis Acatlán, cuyos dirigentes afirmaron el 20 de enero de este año que
el proyecto nació en Cuanacaxtitlan. Si bien es cierto que en esa
comunidad solicitaban previamente un grupo de seguridad, en su Acta de
1995 se habla de “pedir un destacamento del Ejército y la presencia
permanente de la Policía Judicial”.
La CRAC-PC de San Luis Acatlán es
“coordinada” actualmente por Eliseo Villar Castillo, quien se presentó
ante autoridades federales como “encargado de todas las casas de
justicia” el 27 de junio de 2013, en la carretera Cruz Grande-Ayutla,
cuando elementos castrenses del 48 Batallón de Infantería lo detuvieron
por segunda ocasión fuera del territorio comunitario. Villar Castillo
tomó protesta para comenzar su participación en el Sistema Comunitario
de Seguridad y Justicia el 5 de noviembre de 2011. Fue nombrado, a pesar
de las inconformidades de la gente de su propia comunidad (Capulín
Chocolate), en la asamblea del 23 de febrero de 2013 como coordinador de
la CRAC-PC (asamblea en la que se prohibió la participación de la gente
y cuyas reglas fueron pactadas por dirigentes de la CRAC y líderes de
UPOEG), y a 4 meses de su nombramiento, el 25 de junio de 2013, ya se
encontraba expulsando, sin el debido proceso de justicia comunitaria, a
ocho integrantes de la CRAC-PC, entre ellos a los comandantes regionales
na’saavi y me’phaa y a consejeros, excoordinadores y fundadores en 1995
de la institución comunitaria.
Esta división de la CRAC-PC se ha ido
generando desde hace varios años y está enmarcada en un convulsionado
estado de Guerrero, donde han gobernado partidos políticos de la
“izquierda” institucional sin resolver las históricas demandas de la
entidad con los índices de miseria más altos del país. Guerrero es, como
todos lo señalan sin temor a equivocarse, un territorio lleno de
riquezas naturales, en la mira del gran capital y sus proyectos
extractivistas (presas, hidroeléctricas y minería a cielo abierto).
En lo que va de 2013, sorprendió al
país el surgimiento de numerosas policías comunitarias y grupos de
autodefensa, el recrudecimiento del crimen organizado, la militarización
del estado, la inoperancia de los sistemas de seguridad pública, los
asesinatos impunes de luchadores sociales y el desplazamiento masivo de
poblaciones enteras agredidas por grupos del crimen organizado que han
dejado grandes territorios despoblados. Nada más y nada menos.
El gobierno estatal y altos mandos del
Ejército y la Armada de México han señalado en diversas ocasiones que
detrás de los movimientos populares, de las policías comunitarias y de
los grupos de autodefensa existen lo que catalogan como “grupos
subversivos” y grupos del crimen organizado.
Al tratar de entender los comunicados,
documentos y posturas de diversos actores sociales, pueblos y
comunidades de Guerrero, nos viene a la imaginación un viejo western
donde cuatro o cinco actores se apuntan simultáneamente a la cabeza, y
quien dispare el primer tiro desencadenará una reacción fatídica. En
nuestra realidad, ni los pueblos ni las organizaciones armadas van a
aceptar la subordinación de las autodefensas y policías comunitarias a
la Policía Rural, aunque la mayoría busca obtener recursos en sus
respectivas negociaciones, donde también van midiendo fuerzas. El peor
de los escenarios podría ser una situación bélica.
Bajo este contexto cobra vital
importancia escuchar y entender, sin intermediarios, a los pueblos
na’saavi y me’phaa, que fundaron hace casi 18 años la Policía
Comunitaria y que hoy están dándose a la tarea de construir el
territorio comunitario reconstituyendo el Sistema Comunitario de
Seguridad y Justicia. A través de la página en internet www.territoriocomunitario.weebly.com
están dando transparencia de dicho proceso. Y nada mejor que escuchar y
aprender de las asambleas regionales de los pueblos fundadores, que han
sido en todo momento abiertas, públicas y tolerantes.
¿Quién puede salir ganado? ¿Quiénes
están haciendo cálculos militares? ¿Cómo se sienten el cerco mediático
en las comunidades y los disparos de desinformación?
Las Fuerzas Armadas del Estado
mexicano, los grupos revolucionarios armados, los grupos armados de la
delincuencia organizada, las autodefensas y las policías comunitarias
pudieran estar enfrentándose (o defendiéndose) simultáneamente en
distintos espacios geográficos del territorio. Y ¿quién podrá
interpretar lo que esté sucediendo? ¿Quién podrá distinguir a los que
iniciaron las ofensivas? ¿Quién, los bandos y sus intenciones? Eso sí,
en río revuelto, luchadores sociales históricos podrán ser acusados de
paramilitares (ya lo están siendo); personas infiltradas en las
organizaciones sociales podrán ser reconocidas como representantes de
los pueblos; y los gobiernos estatal y federal podrán tener diferentes
pretextos y terreno mediático preparado para “ejercer toda la fuerza del
Estado”.
*Periodista
No hay comentarios:
Publicar un comentario