“Hoy decimos que recuperaremos la Casa de Justicia de nuestros pueblos”
Al pueblo de Guerrero y de México
A la prensa nacional e internacional
A los gobiernos de México y del mundo
El día de hoy, jueves 26 de septiembre de 2013, ciudadanos y ciudadanas de comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, acompañados por nuestras autoridades civiles, comisarios municipales constitucionales, nos manifestamos ejerciendo la decisión y el mandato de nuestras asambleas comunitarias en el sentido de recuperar la Casa de Justicia de los pueblos me´phaa, na savi y mestizos de la Costa Montaña que durante 15 años de esfuerzo y sacrificio hemos mantenido con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).
En diciembre de 2012, Autoridades Comunitarias, Consejeros y ciudadanos de más de 20 comunidades de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Marquelia comenzamos a evaluar la situación que atravesaba la CRAC-PC, analizando entre otros los siguientes aspectos:
1. Durante el periodo de tres años de Pablo Guzmán Hernández dejó de haber quórum legal por lo que se dejo de tomar a la Asamblea Regional como órgano máximo de toma de decisiones. Las decisiones fueron quedando en manos de intereses de grupo bajo la coartada de las asambleas micro-regionales.
2. Se dejo de tomar en cuenta a los consejeros regionales desplazando así a los fundadores y rompiendo la tradición y la experiencia del Sistema Comunitario.
3. Se impusieron asesores jurídicos y voceros sin consultar a la asamblea; se conformó un grupo de fuerzas especiales y los coordinadores se asignaron salarios para ellos y para todos estos personajes.
4. Se volvió una práctica cotidiana el cobro de multas y fianzas. No se rindieron cuentas sobre los recursos recibidos por el gobierno.
Volvemos a informar los agravios cometidos contra nuestros pueblos desde enero de 2013, mismos que se fueron agudizando con la nueva coordinadora encabezada por Eliseo Villar Castillo. Así como el proceso de reorganización que como pueblos fundadores del Sistema Comunitario decidimos llevar a cabo.
Primero
En enero de 2013, antes de entregar su cargo a los pueblos, Pablo Guzmán Hernández y Valentín Hernández Chapa comenzaron una campaña de difamaciones y linchamiento mediático contra nuestras autoridades comunitarias bajo la coartada de la supuesta confrontación entre la CRAC y la UPOEG.
El ex coordinador Pablo Guzmán Hernández y su autonombrado asesor jurídico Valentín Hernández Chapa hicieron todo lo que les alcanzó su visión política para imponer una
coordinación afín a sus intereses. Llegaron al grado de desobedecer los acuerdos de la Asamblea Regional del 20 de enero del 2013 en Cuanacaxtitlán que eran de parar su campaña política y llevar a cabo una Asamblea Regional el 9 de febrero en Santa Cruz del Rincón donde se diera un careo entre Pablo Guzmán Hernández y Bruno Plácido Valerio ante una serie de acusaciones públicas, la rendición de cuentas de los coordinadores salientes y la elección de nuevos coordinadores.
El 9 de febrero la asamblea convocada en Santa Cruz del Rincón contó con la asistencia 42 Autoridades Comunitarias, Consejeros, Policías Comunitarios y cientos de ciudadanos. Sin embargo Pablo Guzmán Hernández y Valentín Hernández Chapa cambiaron la sede y realizaron su reunión en la comunidad de Jolotichán situación que generó una división que nunca se había dado en la historia de la CRAC-PC.
Con el conocimiento de que se habían roto los acuerdos y se estaban realizando dos asambleas simultáneas, las autoridades reunidas en Santa Cruz del Rincón se trasladaron a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán para convocar a las autoridades reunidas en Jolotichán a integrarse en una sola Asamblea Regional.
Conociendo la respuesta de los coordinadores y autoridades reunidas en Jolotichan en el sentido de no aceptar la invitación e informando su decisión unilateral de haber elegido las comunidades donde se asignarían nuevos coordinadores, la Asamblea de Autoridades reunidas en la Casa de Justicia de San Luís Acatlan procedió a nombrar una Comisión Interina mandatada para cuidar la Casa de Justicia y convocar a una nueva Asamblea Regional.
El desalojo violento de la Comisión Interina, realizado el 12 de febrero a las seis de la tarde a cargo de las ilegítimas fuerzas especiales de la CRAC y grupos de policías comunitarios ajenos a nuestra región, quienes encañonaron a nuestras autoridades, quedará marcado en la memoria de nuestras comunidades.
El 19 de septiembre en Tlapa de Comonfort de 2013, los entonces dirigentes de la CRAC y algunos líderes de la UPOEG determinaron las reglas para la asamblea de nombramiento de los nuevos coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán sin consultar a las comunidades.
En la Asamblea Regional del 23 de febrero se manipuló el proceso rompiendo nuestros usos y costumbres a tal grado que no hubo rendición de cuentas y no se permitió la discusión, siendo el único punto la votación de nuevos coordinadores donde se impidió a los ciudadanos votar. Los comisarios votaron en total desorden y en medio de un gran descontento donde muchas comunidades con sus Autoridades, Consejeros y Policías Comunitarios ya habían decidido abandonar la asamblea.
Segundo
En un corto periodo, los nuevos coordinadores encabezados por Eliseo Villar Castillo, continuaron y agravaron las irregularidades, cerrando definitivamente toda posibilidad de diálogo. Ante esta situación más de veinte comunidades de los pueblos fundadores de la CRAC-PC comenzamos a reunirnos con nuestras Autoridades Comunitarias, Consejeros y Policías Comunitarios.
Después de tres reuniones regionales, el 19 de mayo de 2013, las comunidades fundadoras del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, representados y acompañados por nuestros comisarios y comisariados, decidimos reconstituir nuestra Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias. Se levantaron expedientes de las siguientes irregularidades:
1. Uso del ilegítimo grupo de fuerzas especiales para actuar de manera violenta y represiva contra ciudadanos y Autoridades Comunitarias.
2. Detenciones arbitrarias y cobro de multas y fianzas a familias humildes.
3. Liberaciones irregulares de detenidos y violaciones de derechos humanos
4. Omisiones en la impartición de justicia y tráfico de influencia.
5. Expulsiones de comandantes y consejeros regionales sin argumentos ni pruebas y sin el debido proceso de la justicia comunitaria.
6. Integración de nuevas Casas de Justicia y de comunidades en otras regiones sin información ni consulta a los pueblos.
7. La realización de supuestas acciones de confrontación que ponen en riesgo de represión al pueblo sin consultarlo mientras se sientan en las mesas de diálogo y reciben dinero de los gobiernos municipales y estatales, mismo que utilizan para continuar pagando sus grupos de fuerzas especiales y su campaña de difamaciones en nuestra región.
Considerando lo anterior y después de tres Asambleas de Autoridades, Consejeros, Policías Comunitarios y ciudadanos, nuestra asamblea decidió revocar el mandato por incumplimiento del reglamento interno de nuestro Sistema Comunitario y procedió a nombrar Coordinadores y Comandantes Regionales por un periodo de un año.
Con el fin de evitar la confrontación entre los pueblos, nuestra Asamblea Regional acordó Santa Cruz del Rincón como sede provisional de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias a partir del día 8 de julio de 2013, misma que ha venido funcionando hasta la fecha basada en los principios de nuestro Sistema Comunitario.
Tercero
El gobierno en su afán por controlar, cooptar, subordinar y desmantelar a la CRAC ha utilizado diferentes estrategias en estos casi 18 años: la represión directa; la difamación y criminalización; los intentos de sometimiento; y finalmente la infiltración de agentes de manera directa e indirecta a través de organizaciones oportunistas.
Reiteramos que la división y la represión que actualmente se recrudece en nuestro Territorio Comunitario es resultado del trabajo de agentes y personajes entre los que destacamos a Valentín Hernández Chapa, Pablo Guzmán Hernández, Rafael Aréstegui Ruiz, Arturo Herrera Campos, Eliseo Villar Castillo, Jaime Quintana, Sabás Aburto Espinobarro, Ignacio Navarro Mosso, Armando Zavala Felipe, David Bracamontes Chona, Erasto Cano, Felícitas Martínez, Alfonso Solano.
Algunos infiltrados como agentes gubernamentales y otros cooptados por grupos de interés que se montaron en nuestra institución imponiendo su agenda que finalmente favoreció la intervención del gobierno en las decisiones internas de la CRAC-PC.
La actuación de esta red de personas lastimó seriamente al Sistema Comunitario: algunos usurparon funciones y se erigieron como voceros, asesores, consejeros, promotores y
autoridades sin ninguna legitimidad ni representatividad ante nuestras comunidades, otros trabajaron la campaña mediática de desprestigio y linchamiento de fundadores de la CRAC-PC, otros dieron cobijo desde instituciones gubernamentales.
Todas estas acciones, decisiones y omisiones han violentado y distorsionado el pensamiento, los principios y la visión comunitaria de nuestro camino. No dejaremos que ese tipo de personajes vuelvan a montarse en nuestra historia y en nuestras luchas. No olvidaremos el triste papel de muchas organizaciones y medios de comunicación alternativa que desconfían de los pueblos y se han negado ha escuchar nuestra palabra.
Lo más triste es que con su nueva coordinadora en pocos meses terminaron de desmantelar la Asamblea Regional como órgano máximo de toma de decisiones de la CRAC-PC agudizando la ruptura del tejido comunitario de nuestra región.
Sin información ni consulta participaron en nombre de nuestros pueblos en el movimiento magisterial, movilizando grupos de policías armados y recursos fuera del territorio comunitario; generaron acciones de confrontación directa con policías municipales, estatales y ejército federal poniendo en riesgo de represión a nuestros pueblos con un discurso de supuesta confrontación con el Estado mientras recibían cada vez más recursos por parte del gobierno y contaban con la complicidad de diversos medios de comunicación.
Como pueblos fundadores, en los últimos cinco meses, hemos informado reiteradamente y hemos pedido el respeto a la decisión de nuestras comunidades de llevar a cabo la reconstitución de nuestra Asamblea Regional y nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, proceso que hemos hecho de manera abierta y transparente, dando a conocer cada acuerdo tomado por nuestras Asambleas.
El cerco informativo, de mentiras y simulaciones ha prevalecido a pesar de los llamados de alerta a organizaciones hermanas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación honestos y pueblo en general, donde hemos denunciado las amenazas y el linchamiento mediático que nos han impuesto y que tiene en peligro la integridad de nuestras comunidades.
Rechazamos y repudiamos:
1. La entrega de nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia al Estado llevada a cabo por la coordinadora de San Luis Acatlán a través de la credencialización de la Policía Comunitaria realizada por el Ejército Mexicano. Esta decisión no fue avalada ni consultada en ninguna Asamblea por lo que no tiene ninguna legalidad ni legitimidad.
2. Las incursiones del Ejército Mexicano y Marina Armada en Territorio Comunitario con el pretexto del combate al narcotráfico mientras los cárteles del crimen organizado siguen penetrando en nuestros territorios.
3. Las incursiones de las fuerzas armadas federales en nuestro territorio con el pretexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Tenemos pruebas de cómo han realizado recorridos y entrenamientos nocturnos, dejando señales de fierro marcadas en lugares estratégicos en nuestros pueblos y realizando constantemente vuelos razantes con aviones y helicópteros militares sobre nuestras comunidades.
4. Exigimos a los gobiernos estatal y federal una relación de respeto pero nunca de subordinación. NO renunciaremos a nuestros derechos colectivos, al derecho de nuestros pueblos a la autonomía y libre determinación, amparado por las leyes estatales,
nacionales e internacionales. NO renunciaremos a nuestro proyecto comunitario. Les decimos claramente que NO permitiremos la subordinación y el desmantelamiento de la CRAC-PC.
5. Rechazamos el hostigamiento sistemático y la represión contra los pueblos y comunidades organizadas de manera legítima con policías comunitarias y policías ciudadanas. A todas las policías comunitarias y ciudadanas de Guerrero y de México que trabajan con la visión de servicio al pueblo les expresamos nuestra solidaridad frente a la represión.
Muchas de estas acciones han sido coordinadas o avaladas por la coordinadora de San Luís Acatlan, mientras que la campaña de ataques, amenazas y difamaciones no ha parado. Los coordinadores que operan a nombre de nuestra institución se han vuelto un brazo de los poderosos para imponer sus proyectos en nuestras tierras. Por eso hoy decimos que ya basta, que no en nuestro nombre, que no desde nuestra casa.
Cuarto
El día de hoy, a pesar del cerco mediático, las acusaciones sin fundamento y la negación de nuestra lucha, los pueblos me`phaa y na savi que fundamos nuestra Policía Comunitaria en 1995 aquí estamos y estaremos defendiendo nuestro gobierno comunitario, nuestro Territorio Comunitario, y hoy recuperando nuestra Casa de Justicia histórica que representa muchos esfuerzos y sacrificios de nuestros pueblos.
En cuanto logremos recuperar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, le demandaremos de manera respetuosa a nuestros Coordinadores y Comandantes Regionales que actualmente desempeñan su cargo en la Casa de Justicia provisional de Santa Cruz del Rincón que se presenten en estas oficinas, haciéndoles saber que existen condiciones de seguridad y respeto para ejercer sus funciones y convocar a una Asamblea Regional con todos los pueblos que pertenecemos a la Casa de Justicia de San Luís Acatlan.
Procederemos a elaborar un inventario de los bienes y el estado en el que encontramos las instalaciones de nuestra institución e informamos claramente que como ciudadanos y ciudadanas haremos entrega de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán a nuestra Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y al Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria cuyos elementos fueron elegidos el 16 de junio y ratificado el 7 de julio en nuestra Asamblea Regional.
La reunión de Autoridades Comunitarias y Consejeros, realizada el 25 de septiembre del 2013, propone integrar a dos o cuatro elementos que hayan sido Comisarios y Consejeros de pueblos fundadores para reforzar esta Coordinadora.
Quinto
El reglamento interno de la CRAC-PC está recuperando su esencia y los principios del gobierno y la justicia comunitaria, Autoridades Comunitarias y Consejeros están realizando este trabajo. Las autoridades comunitarias, coordinadores y consejeros no pueden andar por la libre porque el poder y el dinero representan el peligro de ser cooptados o caer en corrupción, por eso la máxima instancia es la asamblea regional.
La asamblea garantiza que no se hagan acuerdos arriba para imponerlos a las comunidades, sino construir acuerdos para caminar organizados. La asamblea y las autoridades comunitarias vigilan que nadie negocie a espaldas del pueblo, que siempre sea tomada en cuenta la opinión de todos los ciudadanos. Vigila que nadie utilice a nuestros pueblos para buscar regalitos, posiciones ni puestos públicos. Como asamblea podemos ver más lejos que los calendarios electorales y las ventanillas del gobierno.
La asamblea es la máxima instancia de discusión y análisis, la que define el rumbo del Sistema Comunitaria. Todo lo que quiere el gobierno o cualquier particular tiene que hacerlo por escrito a la CRAC y la coordinadora debe pasarlo a la asamblea regional, si es decisión delicada, se tiene que ir a consulta a cada asamblea comunitaria. Ese es el método y vamos a recuperarlo.
Presentamos los principios básicos para seguir coordinados en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia CRAC-PC
1. Los pueblos adheridos a la CRAC deben basarse en el reglamento interno, los principios y visión comunitaria.
2. Es necesario revisar la legitimidad de todos los grupos de policías comunitarias, de los coordinadores y de los consejeros para delimitar el Territorio Comunitario.
3. No se permitirá usurpar funciones ni declarar en los medios a nombre de la CRAC sin autorización de la Asamblea Regional.
4. Todos los cargos del Sistema Comunitario deben ser legítimos. Desconocemos a los supuestos coordinadores, voceros, asesores y promotores ilegítimos que han actuado a nombre de la CRAC.
5. Revisar estrategias de lucha debido al uso de policías comunitarios para enfrentar al gobierno ya que esto pone en riesgo la integridad de nuestras comunidades y favorece la estrategia gubernamental de golpear y negociar.
6. Las movilizaciones las realizarán los pueblos cuando lo decidan a través de sus asambleas comunitarias y de la asamblea regional. No aceptamos que personas o grupos convoquen a nombre de la CRAC.
7. Las organizaciones políticas y sociales que trabajan en nuestro territorio deben respetar el gobierno comunitario y jamás suplantar a las instituciones de nuestros pueblos. No se permitirá más usurpar funciones, crear figuras o negociar a espaldas de los pueblos.
8. Las comunidades que recibieron credenciales del ejército pero seguir con el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia que levanten Actas de Asamblea de desconocimiento de la CRAC del gobierno y de ratificación de la CRAC de los pueblos, entregando las credenciales que recibieron del ejército (el dinero ese se lo pueden quedar) y entregando el acta de nombramiento y el cuadro de integración de su grupo de Policía Comunitaria a esta Casa de Justicia.
La relación que nosotros exigimos al estado es de respeto, jamás de subordinación. El supuesto diálogo para la armonía es un engaño porque las fuerzas estatales y federales están combatiendo a las policías comunitarias, ciudadanas y populares mientras el crimen penetra cada vez más en nuestros pueblos y nuestros territorios son entregados por los gobiernos a intereses privados.
Pensamos que la Policía Comunitaria no está para coadyuvar con el gobierno, ni para hacer gestión de proyectos, tampoco está para enfrentarse de manera armada con la fuerzas del Estado. La Policía Comunitaria está para garantizar la seguridad del Territorio Comunitario,mientras que la CRAC está para velar por la justicia en nuestras comunidades. Ambas instituciones apoyan al pueblo para construir su gobierno comunitario.
Como pueblos originarios mantenemos nuestra convicción de seguir con nuestro gobierno comunitario a través de nuestra Asamblea Regional llevando a los hechos la restitución del derecho colectivo como pueblos originarios. Seguimos adelante con la reconstitución de nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia y de nuestro Territorio Comunitario donde el pueblo manda y el gobierno obedece.
¡La Policía Comunitaria Vive! ¡Viva la Policía Comunitaria!
Damos fe…
Firman y sellan al calce
C. Comisario Municipal de Arroyo Faisán.
C. Comisario Municipal de Santa Cruz del Rincón.
C. Comisario Municipal de Arroyo Hoja de Venado.
C. Comisario Municipal de Rio Iguapa.
C. Comisario Municipal de Jicamaltepec de la Montaña.
C. Comisario Municipal de Pascala del Oro
C. Comisario Municipal de Cerro Zapote.
C. Comisario Municipal de Tlaxcalixtlahuaca.
C. Comisario Municipal de Llano Silleta.
C. Comisario Municipal de Potrerillo Cuapinole.
C. Comisario Municipal de El Carmen.
C. Comisario Municipal de Potrerillo del Rincón
C. Comisario Municipal de La Parota.
C. Comisario Municipal de Coyul Chiquito.
C. Comisario Municipal de Pajarito Grande.
C. Comisario Municipal de Buena Vista.
C. Delegado Municipal de Colonia Guadalupe.
C. Delegado Municipal de Cerro Cantón.
C. Delegado Municipal de Santa Cruz el Mesón.
C. Delegado Municipal de Llano Guaje.
C. Delegado Municipal de San Miguel.
C. Delegado Municipal de El Progreso.
C. Delegado Municipal de Piedra Pinta.
C. Comisariado del Ejido de Buena Vista y anexos.
C. Comisariado de Bienes Comunales Santa Cruz del Rincón.
C. Comisariado de Bienes Comunales de Tlaxcalixtlahuaca.
C. Comisariado del Ejido de San Luis Acatlán y anexos.
C. Comisariado del Ejido del Carmen.
C. Comisariado de Bienes Comunales de Miahuichan
C. Consejo de Vigilancia de San Luis Acatlán.
C. Consejo de Vigilancia de Tlaxcalixtlahuaca.
C. Consejo de Vigilancia de Santa Cruz del Rincón.
C. Consejo de Vigilancia de Buena Vista.
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