YOAILIDY MARTÍNEZ / PL – Datos de un nuevo censo nacional
revalidan a todas luces que el futuro demográfico de Canadá está en
manos de los inmigrantes pero también en los indígenas, sector golpeado
por añejos problemas de pobreza, marginalización y discriminación.
El estudio Statistics Canada-2011 constató un acelerado
crecimiento de la población autóctona, compuesta por un millón 400 mil
685 nativos de las comunidades mestizas o Metit, las esquimales o Inuit,
y las llamadas Primeras Naciones.
Sin embargo, desde hace siglos los originarios arrastran
grandes brechas socio-económicas y son objeto de perfiles
discriminatorios que los mantienen con una alta tasa de desempleo y
excluidos del resto de la sociedad canadiense.
Incluso, el relator de Naciones Unidas determinó el año
pasado que 800 mil hogares no tienen acceso a una alimentación sana y
suficiente, lo cual incrementa el riesgo de enfermedades, trastornos de
conducta y en el desarrollo físico de cualquier ser humano.
Muchos analistas políticos atribuyen esas disparidades a
que el Estado no cumple a cabalidad con los tratados que reconocen a
los aborígenes, los eximen de impuestos, les dan derecho a la caza y
pesca si viven en reservas, y ofrecen algunos beneficios de salud y
educación.
También coinciden en que las desigualdades se
acrecentaron bajo la administración conservadora del primer ministro
Stephen Harper, censurado por distintas instituciones de la ONU por las
fallas en la atención integral a ese segmento.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Investigación
Correccional, presentado en marzo pasado en la Cámara de los Comunes,
la proporción de prisioneros indígenas en Canadá aumentó en 40 por
ciento en el período 1991-2011 y enfrentan sentencias más fuertes bajo
extremas medidas de seguridad.
Ese reporte mostró que los nativos son el 23 por ciento
de la población carcelaria del país -o sea uno de cada cuatro reos-, son
condenados a plazos más largos, permanecen más tiempo confinados y son
víctimas de un estigma sistémico en los órganos de justicia.
El director de la Oficina, Howard Sapers, denunció que
esas personas tienen menos posibilidades de obtener la libertad
condicional y son más propensos a que se les revoquen por problemas
menores.
“Las disposiciones legislativas específicas para
aborígenes están financiadas insuficientemente de forma crónica, están
sin utilizar y son aplicadas de forma desequilibrada por los servicios
penitenciarios”, dijo el investigador.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño avaló
esos argumentos cuando censuró al gobierno de Harper por aprobar una ley
que estigmatiza y facilita juzgar como adultos a menores de origen
indígena, pero también a afrodescendientes, inmigrantes o
discapacitados.
Para esa entidad mundial, la legislación C-10 de 2011
incumple con las normas internacionales en materia de respeto a las
garantías de los infantes, es demasiado punitiva y no lo suficientemente
reparadora.
En consecuencia, el Comité estimó necesario crear una
comisión nacional para velar por los derechos de los niños autóctonos al
considerar que viven bajo total vulnerabilidad y están abandonados a su
suerte por un sistema federal carente de transparencia y de una
política clara para atenderlos.
La situación de las féminas originarias también es
crítica y éstas aun son víctimas de prácticas coloniales que las
relegaron a roles subordinados, las deshumanizan y alientan la imagen de
verlas como meros objetos sexuales sin rostro.
Se estima que en los últimos años al menos 600 niñas y
mujeres canadienses de ese sector desaparecieron, fueron asesinadas,
maltratadas y violadas, muchas por la policía, pero el Gobierno no
indagó lo suficiente en ningún caso, no buscó culpables y sigue sin
adoptar recursos legales para evitar esos crímenes.
Tras varios años de reclamo y denuncias en múltiples
espacios internacionales, el Parlamento decidió en marzo pasado crear
una comisión multipartidista para investigar esos sucesos violentos y
proponer soluciones en febrero de 2014.
Esas y otras problemáticas de infraestructura, limitado
acceso a la educación y a los servicios de salud, más las desigualdades
consecuentes de las férreas políticas fiscales del Estado para compensar
su déficit presupuestal, conllevaron a los originarios canadienses a
agruparse bajo el movimiento Idle no More (no más pasividad) a finales
de 2012.
El levantamiento creció a nivel nacional durante varios
meses en busca de respuesta federal a esas cuestiones, así como respeto a
los derechos ancestrales de los aborígenes y el cese de medidas
gubernamentales nocivas para la naturaleza.
Expertos y medios de prensa llegaron a comparar a la
campaña con la llamada Primavera Árabe de 2010 o con el movimiento
global de protesta conocido como Occupy, que en 2011 sacudió las
principales potencias del planeta en demanda de un nuevo modelo
económico, político y social.
Los entendidos citaron como similitud el móvil común de
descontento popular que dio paso a tales procesos, su rápida expansión y
aceptación entre diferentes sectores sociales, la visión final de
construir sociedades más justas, sanas y sostenibles, así como la
repercusión a escala internacional.
Idle no More ganó eco en naciones como Estados Unidos,
Reino Unido, Australia, Nueva, Zelanda, Ucrania y Colombia, donde
organizaciones civiles destacaron la férrea decisión de los aborígenes
canadienses de poner fin a la relación colonial con Ottawa y defender
sus garantías constitucionales.
Gracias a los esfuerzos de los originarios, funcionarios
de la ONU revisarán el año próximo la atención que les concede el
Gobierno en esferas como el acceso al agua potable, la vivienda y la
educación, además de las gestiones federales para resolver los casos de
mujeres y niñas desparecidas y asesinadas.
Ottawa autorizó al relator especial de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, así como a los miembros
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar las visitas.
Ahora resta saber si Harper y sus conservadores tomarán
en cuenta las recomendaciones de esas inspecciones internacionales e
implementen medidas inmediatas y decisivas para poner fin a la larga
historia de indiferencia, abuso y exclusión de las comunidades
ancestrales de Canadá.
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