De Tlachinollan tomamos esta nota :
El
sábado 5 de enero de 2013 como a las 11 de la noche, el ciudadano
Eusebio Alvarado García, comisario de Rancho Nuevo, municipio de
Tecoanapa, fue sacado por la fuerza de su domicilio, por personas que
pertenecen a los grupos delictivos que pululan en la
región de Ayutla. Eusebio recién llegaba a su casa con la noticia de que
había sido elegido como segundo comandante de la policía comunitaria.
Esa tarde hubo una asamblea regional de autoridades en El Potrero, perteneciente también a Tecoanapa, donde estuvieron representantes
de otros municipios como Cuautepec, San Marcos, Cruz Grande y Ayutla.
Previamente, las comunidades de este corredor de la Costa Chica se
reunieron para planear acciones conjuntas contra el crimen organizado,
que desde hace años se ha enseñoreado como el flagelo de las comunidades
indígenas y campesinas, a causa de la indolencia y complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
El
malestar y la indignación habían crecido por el secuestro que
realizaron contra un comandante de Ahuacachahue, municipio de Ayutla de
los Libres. La gente logró identificar qué personas perpetraron esta
acción delictiva. Días después, a causa de un conflicto magisterial que
afectó a toda la comunidad me’phaa de Plan de Gatica, el
comisario municipal fue víctima de un levantón. La reacción inmediata de
la comunidad permitió que su compañero fuera liberado en Acapulco. De
igual modo, en sus investigaciones la comunidad supo
quiénes fueron los autores intelectuales y materiales. Lo más grave fue
el asesinato de un ciudadano de esa misma localidad, acaecido el 26 de
diciembre de 2012, a consecuencia del mismo conflicto magisterial.
Estas
y muchas otras acciones delincuenciales que se multiplicaban tanto en
las comunidades me’phaa y na savi de Ayutla, como las extorsiones,
secuestros, cobros de piso y asesinatos que a diario
sufrían los comerciantes, estudiantes, maestros, vendedores semifijos,
algunos taxistas, padres y madres de familia de las cabeceras
municipales de Ayutla, Tecoanapa, Cruz Grande, San Marcos y Cuautepec, encontraron
eco en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG), que por su trabajo cercano con la gente en esta zona, tuvo la
sensibilidad, la inteligencia, la capacidad y el valor para hacer suyo
este padecimiento de la población mayoritariamente pobre e indefensa.
Ante la inminencia de que la situación de inseguridad cobrara
más afectaciones al patrimonio, la seguridad y la vida de la población
indígena y mestiza, la UPOEG en sus últimas asambleas, dejó a un lado
los temas prioritarios de su agenda (como la denuncia
contra los altos cobros de las tarifas de luz o la demanda de obras de
infraestructura) para poner en el centro de sus preocupaciones el clima
de violencia e inseguridad implantado por los poderes fácticos de la delincuencia.
Con
un trabajo fino y minucioso de inteligencia ciudadana, lograron contar
con una radiografía clara sobre el modus operandi de la delincuencia:
sus centros de operación, aliados, contactos, informantes, cómplices,
casas de seguridad, etc. Con estos insumos, las comunidades tomaron la determinación de
asumir la autodefensa para garantizar una verdadera seguridad
ciudadana, corriendo los riesgos que implica enfrentar con sus armas
(varias de ellas desvencijadas) a quienes estaban causando daños a la
población. Se apostaron en los mismos lugares donde aquellos acostumbraban
operar, instalaron retenes, revisaron los vehículos, detuvieron a
quienes lograron identificar como miembros de esos grupos, decomisaron
armas, y tuvieron que accionar su precario armamento ante una persona
que se opuso a ser revisada y que intentó accionar su pistola contra los
que estaban al frente del operativo.
En
cuestión de horas, los responsables de buscar al comisario dieron con
su paradero. Ellos, en lugar de amedrentarse por esta acción
intimidatoria, encontraron la piedra de toque que detonó en un
movimiento de autodefensa armada que los obligó a tomar en sus manos la
seguridad de la población. Ese mismo domingo de Reyes llegaron a Ayutla
alrededor de 800 policías que de inmediato se colocaron en
puntos estratégicos para contrarrestar cualquier reacción de los grupos
de la delincuencia. Asumieron el mando para imponer el orden y detener a
quienes estaban identificados por la población como los perpetradores
de crímenes.
Sin
proponérselo, los 800 policías que llegaron portando armas
rudimentarias y una indumentaria sencilla (que nos hablan de su precaria situación
económica), demostraron a las autoridades y a la sociedad en su
conjunto, que es el pueblo decidido y organizado de manera autónoma, el
que es capaz de imponer el orden y devolverle la seguridad a la gente
trabajadora. Este movimiento de autodefensa armada ha alcanzado
un poder inaudito en el estado y en el país, porque es un ejemplo
palpable de lo que realmente tenemos que hacer los ciudadanos y
ciudadanas, para recuperar la seguridad perdida.
Las
autoridades para que puedan nuevamente ganarse la confianza de la
gente, tienen la obligación de corregir el rumbo, de rectificar sus
políticas y de reconocer que han fracasado y fallado a la ciudadanía,
porque son cómplices de la tragedia que nos desangra como estado. La
población percibe que varias autoridades trabajan para el otro bando,
porque no actúan con contundencia contra la delincuencia que se
encuentra enquistada en las mismas estructuras del gobierno. Los vicios
añejos de la corrupción perviven y forman parte del engranaje que hace
funcionar a un sistema de justicia y seguridad que se ha transformado en
enemigo de la ciudadanía porque está encompadrado con los grupos de la
delincuencia organizada. Este maridaje da pie a la vejación, al pillaje y
a la devastación de una población asediada y sometida por el crimen
organizado.
Por
su parte, los políticos de banqueta ni por equivocación se acercan a la
gente de estas comunidades que sufren los estragos de la acción
delincuencial. Mucho menos se comprometen a reivindicar la lucha de los
pueblos. Tampoco están dispuestos a respetar y reconocer los esfuerzos y
aportes de los pueblos indígenas, que sustentan sus acciones en sus
derechos colectivos reconocidos internacionalmente, y que los gobiernos
los han vilipendiado. Más bien, las autoridades desde sus
palacios de cristal, se erigen en jueces y emiten veredictos
condenatorios, pero no contra quienes han desquiciado la vida de la
población, sino contra los mismos policías que defienden al pueblo y que
les están haciendo el trabajo gratis a quienes siguen disfrutando una
vida regalada, con sueldos onerosos y ofensivos.
Ahora
el gobierno del estado vuelve a repetir lo que ya hizo con los
pobladores de Huamuxtitlán y Olinalá; les pide a quienes han ejercido la
autodefensa que depongan sus armas, que desistan de su afán de poner
orden y de ya no detener a quienes han delinquido. Piden, como lo
hicieron hace 18 años con la naciente Policía Comunitaria, que entreguen los
detenidos al Ministerio Público para que inicie las investigaciones.
También los persuade para que se regresen a sus comunidades y les
promete que vendrán los salvadores de la patria con el programa de
Guerrero Seguro. Los atemorizan con el panfleto legaloide de que están
cometiendo delitos y de que se están haciendo acreedores de alguna
investigación de tipo penal.
Esta magnanimidad gubernamental es la otra cara de la perversidad
y complicidad, porque no se busca resolver de fondo los problemas de la
inseguridad ciudadana, ni hay la intención de destruir toda la red de
complicidades e intereses ocultos y enraizados en las mismas
instituciones gubernamentales. La depuración y profesionalización que en
todo momento ha demandado la sociedad de las corporaciones policiacas y
de la misma Procuraduría de Justicia es un asunto de Estado, intocado.
Toda la línea de las investigaciones ministeriales se ha desvirtuado
porque ha devenido en mera simulación y charlatanería.
Este
domingo las comunidades volvieron a ejercer su derecho a la consulta
para tomar las mejores decisiones que redunden en beneficio de los
ciudadanos y ciudadanas. Su repliegue es táctico, porque saben que el
programa Guerrero Seguro no es la panacea. Por el contrario, puede
significar un riesgo mayor, porque ninguna autoridad civil les garantiza
que van a respetar los derechos humanos y que tampoco van
a implantar una ley marcial que genere más temor, y que por lo mismo
inhiba, desmovilice y criminalice a la población que se organiza y
defiende su derecho a vivir seguros.
Este
aprendizaje de suma valía ha quedado registrado en la memoria de las
comunidades. Su tesoro más preciado es que han constatado todo su
potencial social y político. Se han reencontrado con su
poder que es inquebrantable y que su fuerza es indoblegable. Estos
bienes intangibles son ya parte de su patrimonio y su mejor capital
comunitario. Por esto mismo, ya no están dispuestos a obedecer
ciegamente ni a creer ingenuamente en las autoridades. La sumisión es
otro capítulo de una historia infame, donde los gobiernos se burlaron y
pisotearon la dignidad de los pueblos. La confianza ya no
se puede depositar de manera acrítica en las autoridades que no han
demostrado compromiso ni han honrado su palabra. Por ello, se mantendrán
vigilantes y en pie de lucha, para monitorear la actuación de los
nuevos responsables de la seguridad. Las comunidades sabrán decidir en
qué momento tomarán nuevamente en sus manos la responsabilidad de
brindar seguridad y garantizar justicia, aplicando sus propios sistemas
cosmogónicos fundamentados en los derechos colectivos de los pueblos
indígenas internacionalmente reconocidos.
Lourdes chavez, 13 de enero, Chilpancingo, Gro. EL SUR
Consideró que este movimiento (el tercero, después de Olinalá y
Huamuxtitlán en la región La Montaña) es un síntoma de la descomposición
que existe en las corporaciones encargadas de la prevención y de
investigar los delitos y la ineficacia del Estado para garantizar
seguridad y justicia. “Obviamente, si los ciudadanos toman las armas para hacer valer la ley
del pueblo, es producto del hartazgo, del llegar al límite de la
paciencia de la sociedad que espera que sus autoridades actúen”.
Agencia EFE, 11 de enero. MVS NOTICIAS
Desde el día del inicio de los operativos en busca de criminales y la
instalación de los puestos de revisión han logrado la captura de 37
presuntos sicarios y halcones, como se les conoce en la zona a las
personas dedicadas al narcomenudeo.
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