Lucio Díaz
I.
El calendario y la geografía de arriba
Desde diferentes
experiencias, los pueblos del mundo vienen denunciando esa cara del capitalismo
que busca imponer un nuevo paradigma para despojar y lucrar con la difícil
realidad del cambio climático. El capitalismo no sólo es responsable de la
compleja crisis ambiental que enfrenta la humanidad, se trata de un sistema
totalmente incapaz de autolimitarse y, por lo tanto, de lidiar con la creciente
amenaza que el desarrollo de sus fuerzas productivas representa para la vida en
el planeta.
En los campos de
muchos países del sur ya se miran tendencias derivadas de los negocios del
cambio climático que los señores del dinero pretenden imponer: el proyecto de reconversión
productiva mundial, con la llegada de los agro combustibles; o los mercados de
carbono y muchos financiamientos que implican mecanismos de control de
territorios, nuevas formas de derechos de propiedad y la imposición de
criterios de conservación que prohíben actividades tradicionales y formas de
estar en el mundo.
El programa del
gobierno mexicano sobre cambio climático muestra proyecciones y metas acordes a
estos negocios y negociaciones de la sociedad del poder. Se presenta como un
gran plan de “ordenamiento territorial” de todo el país, diseñado por
“expertos” que siguen afinando lo que pretenden sea una nueva etapa de
intervención sobre territorios indígenas y campesinos.
La
tragedia del capitalismo
Los compañeros
zapatistas han recordado que el capitalismo no es producto de la máquina de
vapor o de las revoluciones tecnológicas sino del despojo violento y de la
explotación. Y su etapa actual, la globalización neoliberal, no arranca con la
informática o el Internet sino con el inicio de una nueva guerra de conquista
en todo el planeta: la IV
Guerra Mundial.
La revolución
tecnológica que se vive hoy tiene implicaciones como el control de los mapas
genéticos de los seres vivos, el uso de organismos genéticamente transformados,
para la producción agroindustrial y la industria farmacéutica capitalista, o
nuevas formas de despojo, como los derechos de propiedad intelectual, donde la
patente y el registro también son parte de la expansión del capital hacia
nuevas fronteras.
La teoría de la
tragedia de los comunes, que tanto inspira a las teorías neoliberales y a muchas
políticas ambientales en el mundo, en realidad siempre ha apuntado hacia otro
lugar: la tragedia del capitalismo, del Estado moderno y, ahora, del mercado
financiero y de la globalización neoliberal. Se trata de la tragedia de la
apropiación privada (y devastación) de los bienes comunes.
Las empresas
nacionales y transnacionales son personas jurídicas con derechos legales pero
con comportamientos patológicos dentro de la sociedad. No pueden tener
conciencia moral ni responsabilidad social, existen para maximizar sus
ganancias.
Se trata de
“usuarios” del planeta que necesitan, para su desarrollo, del despojo violento,
la explotación humana y la depredación de los bienes comunes para su beneficio
privado.
En el
capitalismo, el subsuelo, el agua y las semillas, no pueden ser respetados como
bienes comunes. En su etapa actual, el Estado nacional es quien cede (y
reparte) la apropiación privada de los comunes al capital, sin importarle si se
perforan montañas, se contaminan acuíferos, se desvían ríos, se secuestran
bosques o se convierte el agua en mercancía. El subsuelo sigue siendo, como en
la época de las colonias, uno de los botines más codiciados.
La situación
actual de este sistema es una crisis múltiple: crisis financiera (o de
acumulación de capital), crisis de sobreproducción de mercancías y, lo más
serio, crisis ambiental y alimentaria de graves consecuencias. El capitalismo
no sólo es incapaz de limitarse, además es un sistema que se alimenta y vive de
la crisis, y que crece con la guerra.
El
carácter de guerra de conquista
Los trabajos de la Comisión Sexta del
EZLN por las geografías del México de abajo confirmaron este carácter de guerra
de conquista. Mostraron territorios destruidos, a veces en ruinas, a veces con
las construcciones del conquistador, el gran capital, ya levantándose sobre lo
que fueron campos de cultivo, pueblos de pescadores, tierras comunales y
ejidales. También mostraron la destrucción de la cultura, la historia y los
tejidos comunitarios.
Por todos los
rincones del país siguen las historias de destrucción ambiental y de defensa
del territorio. Es fundamental apuntar hacia los responsables: poderosos
caciques madereros, ganaderos, “forestales” o empresas papeleras están detrás
de la depredación de más de medio millón de hectáreas de bosques y selvas al
año; grandes empresas hoteleras son responsables de la pérdida de más de cuatro
hectáreas de manglares al día; el modelo industrial de vida es el principal
responsable de la contaminación y sobreexplotación de acuíferos: los ríos del
país están seriamente afectados y cada vez son menos los manantiales de agua
pura.
Los malos
gobiernos dan permisos y entregan concesiones para proyectos industriales contaminantes.
El país se ha vuelto un basurero de desechos peligrosos y suelen ser colonias
populares y comunidades pobres el canal de desagüe de las inmundicias. La
urbanización salvaje, los proyectos carreteros y turísticos, la explotación
minera a cielo abierto, la pesca industrial o la explotación petrolera avanzan
a nuevas regiones, incluso dentro de las supuestas Áreas Naturales Protegidas
(ANP). La criminalización del trabajo bajo la coartada de la protección al
ambiente y la represión contra defensores de la naturaleza son cotidianos.
En medio de la
devastación y las agresiones, los señores del dinero y los gobiernos diseñan
alegremente nuevas agendas, leyes, programas y financiamientos, dicen tener
grandes planes de conservación y pretenden reordenar territorios.
El capitalismo
reordena territorios pero bajo la teoría de la guerra:
destrucción/despoblamiento y reconstrucción/reordenamiento de regiones y de
naciones para abrir nuevos mercados y modernizar los existentes. El
capital termina destruyendo espacios de vida y relaciones sociales de manera
desordenada, fragmentada y salvaje.
Las bombas
financieras destruyen las bases materiales de la soberanía nacional y producen
un despoblamiento cualitativo de quienes no son útiles o estorban en la nueva economía
de mercado (por ejemplo los pueblos indígenas y campesinos). Los centros
financieros operan, simultáneamente, una reconstrucción de los Estados
nacionales y los reordenan según la nueva lógica del mercado mundial.
La
crisis ambiental como expresión de conjunto
La etapa actual
del capitalismo mundial ha ido agudizando todo un conjunto de crisis que
estallan en una gran crisis ambiental. La difícil realidad del cambio climático
y del calentamiento global se expresa con indicadores cada vez más claros:
derretimiento de hielo en el Océano Ártico, que reduce el reflejo de la luz
solar; desprendimientos de glaciares en el Antártico y Groenlandia; aumento del
nivel de los océanos, que pone en riesgo a millones de humanos; disminución de
glaciares de montaña, que afectan la disponibilidad de agua dulce en regiones
enteras del planeta; acidificación de los océanos, que amenaza ecosistemas
marinos; inundaciones históricas en China y disminución de rendimientos en
cosechas por el aumento de la temperatura en todo el Sureste Asiático; sequías
extendiéndose por diferentes regiones, que este año en Rusia causaron
devastadores incendios y pérdida de cosechas, lo que provocó un aumento en los
precios internacionales del trigo con el potencial para sacudir las reservas
mundiales de granos y evidenciar una vez más la crisis alimentaria-financiera.
El sistema
alimentario mundial, mayor causante de los niveles de CO2 en
la atmósfera[1]
y de la falta de soberanía alimentaria en los países pobres, pone en situación
de vulnerabilidad a millones de humanos frente a los cambios en los climas que
ya afectan cultivos en todo el mundo y frente a la especulación financiera en
el mercado mundial (y en los nacionales) de alimentos.
Pero la crisis
alimentaria que también vive la humanidad, por ejemplo, no se origina por la
escasez de alimentos como por el incremento de precios debido al control de las
transnacionales sobre su producción y distribución.
El
cercado neoliberal de territorios
Los métodos han
cambiado: ya no se trata de conquistar países y volverlos colonias, ahora se
conquistan territorios específicos y los gobiernos se vuelven gerencias
regionales. En esta nueva relación el capital no ve países sino territorios.
Las políticas
agrarias, forestales, ambientales y de conservación implementadas en muchos
países requieren ser analizadas en este contexto. En las negociaciones
internacionales de la sociedad del poder, como las del Protocolo de Kyoto sobre
Cambio Climático, se imponen nuevos negocios que se presentan como soluciones:
mercados de carbono, mecanismo de desarrollo limpio, plantaciones comerciales,
transgénicos, biocombustibles, geoingeniería. Ahí se diseñan políticas y marcos
legales para los países y se preparan trampas para fragmentar los territorios
indígenas y campesinos y secuestrarlos con contratos, certificaciones, patentes
o dependencia monetaria y tecnológica.
En México, en los
últimos 25 años, se han creado o reformado decenas de leyes que impactan en la
vida de los pueblos, encaminadas a facilitar el despojo de sus territorios. Un
momento definitorio se da en abril de 2001 y luego en septiembre de 2002,
cuando el conjunto de la clase política (PRI, PAN y PRD) y los tres poderes de la Unión impusieron una ley que
traicionaba los Acuerdos de San Andrés. Se estaba cerrando así la posibilidad
de llegar a reformas legales por medio de iniciativas sociales-ciudadanas y se
mandaba un mensaje claro a todos los que luchan por transformaciones: en el
terreno de las instituciones todo está cerrado.
El actual Programa
Especial de Cambio Climático (PECC 2009-2012), del gobierno federal, muestra un
plan diseñado por “expertos” que pretende realizar un ordenamiento territorial
de todo el país, estableciendo políticas y leyes que afectan la agricultura y
los bosques de las comunidades y ejidos. No se habla de pueblos indios, ni de
territorios, mucho menos de agricultura campesina.
En agricultura,
por ejemplo, el PECC tiene como meta reconvertir 125 mil hectáreas de maíz de
autoconsumo a bosque, o evitar la agricultura de 3 mil a 2 mil metros sobre el
nivel del mar, lo que pondría en riesgo no sólo la autonomía alimentaria de
muchos pueblos de montaña, sino también razas y variedades muy especiales de
maíz. Se trata de pagar a las comunidades para que dejen de tener sus milpas y,
ante la pérdida de autonomía alimentaria: la expulsión masiva de poblaciones
campesinas. Se proyecta también la reconversión de tierras degradadas a
plantaciones perennes, la modificación de usos y técnicas agrícolas en el
Corredor Biológico Mesoamericano, el desarrollo de cultivos de caña para
agrocombustibles, proyectos ecológicos en el padrón de Procampo o regionalizar
el país por tipo de cultivo.
Para los bosques,
el plan pretende incorporar 2.5 millones de hectáreas a UMAS, convertir 2 mil
175 millones de hectáreas en ANP, realizar ordenamientos territoriales en 2.3
millones de hectáreas, incorporar 4.5 millones de hectáreas en programas de
pago por servicios ambientales, estabilizar la frontera impidiendo la
conversión de superficies forestales a usos agropecuarios, entre otras metas.
Se habla de llegar a 10 millones de hectáreas con proyectos derivados de los
mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Se
trata de una política nacional e internacional de ir regulando y controlando
territorios bajo conceptos como “conservación”, “preservación” o
“restauración”.
Se habla de
ordenamiento de asentamientos humanos en regiones sustentables o de un plan
nacional de reubicación de asentamientos humanos. En ese sentido, resulta
preocupante la implementación del modelo de Ciudades Rurales Sustentables,
piloteado por el gobierno perredista de Sabines y el panista de Calderón, en
Nuevo San Juan Grijalva, inaugurada en septiembre de 2009, y pronto en Santiago
el Pinar, en los Altos de Chiapas. Estos proyectos muestran el profundo
desprecio por las formas de vida campesina, y traen a la memoria viejos
proyectos de control, explotación, contrainsurgencia y exterminio del capital.
Los millones de expulsados por los planes neoliberales, los desplazados por
agresiones ambientales, los damnificados por fenómenos climáticos, se vuelven
pretexto y carne de cañón de estas políticas.
Como el PECC no
es jurídicamente vinculante, el senador Alberto Cárdenas ya presentó la Iniciativa de Ley de
Cambio Climático, también están en proyecto para su “actualización” 34 leyes
entre las que destacan aguas y bioenergéticos. En el sector de energía del país
—Secretaría de Energía, CFE y Pemex—, fuertemente involucrado en las políticas
de cambio climático, se habla de generación privada de energía de origen
renovable (y nuclear), se promueven inversiones para producción de
agrocombustibles y se anuncian licitaciones para la explotación petrolera en la Selva Lacandona.
En las políticas relativas a biodiversidad, deforestación, captura de carbono y
cuencas hidrológicas, los organismos operadores son la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Frente a esta
enorme crisis no sirve de mucho abrazar grandes declaraciones rumbo a la COP 16, en Cancún, para
terminar haciendo cuentas alegres sobre los programas y fuentes de
financiamiento, negociando adentro de la cumbre, y finalmente introduciendo
toda esta política en las comunidades. En cambio, frente a la crisis ambiental,
muchos espacios y movimientos en México y el mundo seguirán trabajando para dar
cita a una gran construcción anticapitalista, solidaria, plural y diversa.
De
telarañas y redes
Los mecanismos
REDD son el punto estratégico que promueve el gobierno mexicano para las
negociaciones financieras de la
COP 16 en Cancún. El uso de instrumentos de mercado para
financiar REDD ha crecido de manera importante desde 2009. Y están siendo
ajustados para que los principales deforestadores y dueños de grandes
plantaciones “forestales” puedan seguir beneficiándose con este negocio, pues
se plantea aceptar como “deforestación evitada” dejar 10 por ciento de cubierta
forestal original.
Las versiones
llamadas REDD+ están enfocadas en bosques y selvas de propiedad colectiva,
donde se contratan actividades bajo el concepto de “manejo forestal
sustentable”. Al recibir un pago por la capacidad de absorción de CO2 de
su bosque, las comunidades deben someterse a criterios, indicadores y prácticas
de conservación que les son ajenas, o a firmar el secuestro de fragmentos de la
integralidad ecológica de sus territorios mediante contratos que ponen en
riesgo su autonomía alimentaria y territorial.
En estos nuevos
negocios, las empresas más depredadoras del planeta (petroleras, mineras,
acereras, gaseras...) compran créditos de carbono en el mercado estableciendo
control en esos territorios por medio de contratos.
Estos mecanismos
de mercantilización y especulación se vienen probando desde hace más de diez
años en México con la propuesta sobre habilitación y preparación para REDD
(Readiness Preparation Proposal) que ha venido desarrollando la Conafor con programas como
Pago por Servicios Ambientales.
Con REDD, se
tratan de consolidar estas nuevas formas de derechos de propiedad. No la
propiedad directa del bosque, sino la de alguna de sus funciones ecosistémicas
al ser comercializada en el mercado financiero.
Existen muchos
ejemplos de cómo programas de PSA, reservas comunitarias voluntarias y, de
manera más radical, las ANP afectan formas tradicionales de cuidado de la
tierra, del agua, del monte, de la selva, del río, del mar o del desierto. El
país se va llenando de estas manchas de conservación y de “regiones
prioritarias” donde se ensayan nuevos subsidios: para no tocar partes del territorio,
para dejar la agricultura de autoconsumo, para cambiar la milpa por cultivos
perennes. Se trata de romper culturas de autosuficiencia a cambio de dinero.
El sistema
hidrológico nacional está relacionado con estas “regiones prioritarias” pues en
muchos casos representan zonas de recarga de acuíferos. Los programas de PSA
hidrológicos y las ANP se vienen priorizando en función de las cuencas
hidrológicas. No se trata de un tema menor pues muchas ciudades, distritos de
riego, regiones, así como la industria dependen del agua y, con ello, de la
salud ambiental de las montañas. Estas cabezas de cuenca en muchos casos
son zonas ancestralmente cuidadas por pueblos indígenas.
La demanda de
muchas comunidades forestales de ser reconocidas en la política nacional y,
sobre todo, en la política de subsidios —que se reconozcan las prácticas de
conservación y de manejo sustentable que de por sí hacen—, ha sido manoseada
para ir introduciendo subsidios perversos, certificaciones y contratos que
traicionan a los pueblos. Organizaciones ambientalistas que comenzaron a
trabajar en el acompañamiento técnico a las comunidades han quedado atrapadas
en la gestión de estos programas.
Todos prevén
ejercicios para simular la participación, metodologías que terminan promoviendo
el acceso a fuentes de financiamiento prediseñadas, siendo muchas veces una
conducción del diálogo de las asambleas o de la participación de algunos
comuneros o ejidatarios en los ordenamientos territoriales (OT), en los planes
de manejo, en los estudios, en la revisión de estatutos o reglamentos y, muchas
veces, en la declaración de zonas de su territorio donde cambiará el uso y
disfrute del mismo.
En la ruta de la
intervención gubernamental primero entra la Conafor con estudios de OT y planes de manejo. En
zonas zapotecas de Oaxaca, resulta que comunidades que tienen más de 20 usos de
suelo, tipos de aprovechamiento o formas de relacionarse con el territorio,
después del OT y según el plan de manejo, ya sólo tienen cuatro, y sólo uno sirve
para satisfacer las necesidades de la gente, los demás son objeto de PSA,
reservas voluntarias o destinados a proyectos ecoturísticos. Estos programas
han dividido a las comunidades, y han generado corrupción y la cooptación de
comisariados. Con estos programas y con la “actualización” de leyes, se busca
limitar y prohibir sistemas agrícolas tradicionales como los acahuales, la
tumba, roza y quema, y muchas formas tradicionales de cuidado del monte.
Pareciera que la
sociedad del poder, los gobiernos y sus teóricos olvidan una cosa: a los
pueblos que resisten, viven y luchan. Sus planes dependen del aniquilamiento de
las rebeldías, por eso insisten en la necesidad de crear fuerzas especiales en la Policía Federal
para las ANP y para vigilar contratos en propiedades colectivas. Las ANP son
una forma legal para ir regulando, desde el Estado, pero con la “colaboración”
de la iniciativa privada, la supuesta conservación de regiones enteras y con
ello pretender su control territorial (en éstas áreas se desarrollan
actividades de “bioprospección” y “ecoturismo”, megaproyectos carreteros, de
minería o de explotación petrolera e hídrica). La tercera parte de las ANP
federales se sobreponen con territorios indígenas. Estos proyectos se dan
frente al proceso histórico de resistencia de los pueblos indígenas y
campesinos.
Tres luchas en
los calendarios y las geografías
En la Reserva Integral
de la Biosfera Montes
Azules, en Chiapas, chocan la
Ley Agraria Revolucionaria, vigente en territorio zapatista,
con las regulaciones de la
LGEEPA y el reglamento de ANP (diseñados durante los sexenios
de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) que han sido pretexto para usar fuerzas
represivas para amenazar y desalojar a comunidades zapatistas y no zapatistas,
desalojos que se han vuelto cada vez más violentos.
En 1993, bajo la
coartada de la protección de la vaquita marina y la totoaba, Salinas decretó la
región del alto golfo y delta del Río Colorado como reserva de la biosfera prohibiendo
a los indígenas cucapás sus formas de pesca tradicional en esa zona. Poderosas
cooperativas pesqueras no indígenas realizan actividades de manera extensiva
mientras el gobierno promueve permisos de pesca de arrastre para el sector
industrial en las mismas áreas donde los cucapás son perseguidos e incluso
detenidos y encarcelados por la marina armada, la Profepa y autoridades
estatales. Hace dos siglos había 20 mil cucapás, hoy en día solamente quedan
135.
El Pueblo
Wixárika de Jalisco, Nayarit y Durango, se pronunció en septiembre de 2010 por
la defensa de su territorio sagrado de Wirikuta, en el desierto de Real de
Catorce, donde los gobiernos federal y estatal acaban de entregar 22
concesiones a la minera First Majestic Silver, de origen canadiense, para la
explotación de plata a cielo abierto, sobre 6 mil 326 hectáreas que
abarcan lugares sagrados, violando el plan de manejo de la ANP de Wirikuta y muchas otras
disposiciones legales: “Aclaramos que haremos uso de todos los recursos
necesarios para detener este devastador proyecto minero, valiéndonos de
recursos jurídicos nacionales e internacionales, así como las acciones de
resistencia civil y pacífica que sean necesarias”.
II.
Calendarios y geografías de abajo
La resistencia
histórica de muchos pueblos indios y campesinos de México tiene raíces que se
expresan, por ejemplo, en la concepción del altepetl: el cerro de agua,
la unidad pueblo-agua-territorio, las tierras, montes y aguas que lucharon los
abuelos, y los abuelos de los abuelos. Ahí se expresa el conocimiento de los
más antiguos: los pueblos de montaña que han vivido con los manantiales, los
pueblos de los lagos que aprendieron a vivir sobre el agua, el proyecto
civilizatorio que se expresa en la agricultura de chinampas, los pueblos del
río que por miles de años han vivido pescando, los pueblos del maíz, herederos
de nueve mil años de agricultura comunitaria. Formas de vivir en armonía con el
agua, con el monte, con el desierto, con la selva, con el acahual, con la
parcela...
Estas formas de
vivir en la tierra en resistencia, y de mantener equilibrios y relaciones
territoriales respetuosas, son las que mantienen el sentido de la comunidad y
las que resisten, año con año, en las milpas mexicanas. Optimizan las
limitantes de espacio y propician los equilibrios del suelo mediante la siembra
asociada de cultivos y la reintegración de la materia orgánica al suelo. La
agricultura campesina que se hace en comunidad no sólo enfría el planeta, sino
que puede aportar muchas preguntas, respuestas y lecciones frente a la crisis ambiental.
Los pueblos
indígenas y campesinos, como guardianes de las semillas nativas, tienen una
importancia fundamental frente a la erosión genética del sistema alimentario
mundial, a la agricultura industrial y al control de las empresas. La pérdida
directa de la agrobiodiversidad indígena y campesina reduce la seguridad
alimentaria mundial. Son pueblos indios y pueblos campesinos quienes han sabido
ocupar de manera respetuosa, diversificar, domesticar, auspiciar y conservar
muchas riquezas que viven en sus territorios.
La lucha por la
tierra ha sido el hilo conductor de las rebeliones, revueltas y revoluciones de
este país. Eso explica que, a contracorriente de las políticas neoliberales, el
México indígena y campesino resista, y que más del 50 por ciento del territorio
nacional se encuentre bajo régimen de propiedad social y esté en manos de
ejidos y comunidades, y que buena parte de los bosques y selvas del país esté
bajo la custodia de los pueblos indios y campesinos. La gran diversidad de
formas de resistencia que en esos territorios florecen representa uno de los
más grandes obstáculos para la guerra de conquista del capital.
La
autonomía es de quien la trabaja
En México, en las
últimas tres décadas del siglo XX, muchos pueblos indios comenzaron a
fortalecer y reconstruir formas de gobierno, de lucha por la tierra y de
defensa de sus territorios. El movimiento zapatista, como proceso de los
pueblos rebeldes de Chiapas y como puente para la palabra en México y en el
mundo, rápido se encontró con esa parte rebelde del movimiento indígena,
primero durante los diálogos de San Andrés Sacamch´en de los Pobres y luego en
la construcción del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Con el
levantamiento zapatista comenzó en Chiapas una revolución agraria: grandes
cantidades de tierras pasaron de manos de finqueros a manos de indígenas. El
manejo gubernamental de la propiedad de la tierra se consolidó entonces como
pieza clave de la contrainsurgencia. Junto con la ocupación militar de los
territorios indígenas y los ataques paramilitares, los decretos expropiatorios,
la “regularización” de tierras, los desalojos violentos y los programas de
gobierno han sido estrategias de una guerra contra las comunidades en
resistencia que no se ha detenido desde febrero de 1995 y que se agrava cada
vez más. A pesar de ésta, la recuperación de tierras (la expropiación de los
medios de producción) y la propia experiencia zapatista han permitido la
construcción de territorios, gobiernos y procesos autonómicos, con avances
significativos en participación de las mujeres, gobierno, justicia, salud,
educación, vivienda, alimentación, agroecología, comercialización,
comunicación, cultura e información. Las comunidades zapatistas tomaron en sus
manos el control de su destino y pasaron, de ser peones, a ser dueños de sus
tierras, trabajarlas y vivir colectivamente de ellas. Con ese esfuerzo siguen
demostrando que sí hay otros caminos diferentes al capitalismo.
Los
desastres (no) naturales y la solidaridad de abajo
La memoria nos
lleva a Tabasco en el calendario y la geografía de la destrucción. En
septiembre de 2007, el río Grijalva y el río Carrizales se desbordaron, dejando
el 70 por ciento del territorio de Tabasco bajo el agua y un saldo escalofriante
de un millón de afectados y, al menos, 80 mil viviendas destruidas. Felipe
Calderón se escudó en una explicación muy de moda: el cambio climático. Así que
no fue necesario buscar o ubicar una responsabilidad concreta, como si el
cambio climático se tratara de una tragedia divina. El autodenominado
presidente incluso responsabilizó a la luna por las mareas.
Sin embargo, las
voces de abajo fueron reconstruyendo historias. Periodistas señalaron que “una
de las causas de la inundación es la venta de tierras y la construcción de
casas y almacenes comerciales en zonas pantanosas, que tienen que ser
rellenadas, tapando así los vasos reguladores de la ciudad e impidiendo la
circulación y absorción del agua. En zonas rellenadas se construyeron centros
comerciales como Wal Mart, Sam´s, Chedrahui, Cinépolis”.
Indígenas
chontales contaron: “dicen los abuelitos que antes llovía más o igual, pero no
se inundaba, ¿por qué ahora sí? Dicen que es por las construcciones que están
haciendo y que tapan los caminos del agua”. Compañeros de Villahermosa de La Otra Campaña
señalaron: “Si el origen fundamental de la catástrofe hubieran sido las
lluvias, la Laguna
de las Ilusiones tendría que haberse desbordado y eso no sucedió. Las
inundaciones fueron un crimen, porque hubo un desfogue de la presa Peñitas y
ésa fue el agua que inundó Villahermosa”.
Después se
conoció que la presa colapsó porque sólo generaba electricidad en las noches,
pues se estaba comprando electricidad generada con gas. Atrás de estas
decisiones estuvo Repsol que presionó al gobierno mexicano. Otro hecho concreto
fue que la zona hotelera y las colonias ricas no fueron afectadas, gracias a
las obras que ahí sí se hicieron para prevenir las inundaciones.
A tres años de la
tragedia de Tabasco, lo que queda para la memoria es la gran solidaridad que se
despertó en el pueblo de México. La mayor parte de los alimentos, bebidas y
medicinas que llegaron fueron colectados por la sociedad civil mexicana. Pero
hay otra ayuda que se hizo presente desde los primeros días en las comunidades
más pobres de Tabasco. En palabras de una compañera de la región de Tacotalpa:
“Hubo interés de los compas zapatistas de saber cómo estábamos, en qué
condiciones. Nos dijeron que podíamos contar con los municipios autónomos como
albergues seguros (…) Los bases de apoyo convocaron en Tila y en los municipios
autónomos a la solidaridad con nosotros. Los tres camiones de carga que
vinieron de Tila, el día 3 de noviembre, fueron de las primeras ayudas que el
estado recibió”.
“Sabíamos que,
junto con la ayuda de la sociedad civil y la parroquia de Tila, venía el apoyo
de las bases zapatistas de la zona norte. Pero la región de Tacotalpa estaba
incomunicada, y no entraban ni los camiones pesados. Entonces, en medio de la
serranía y ante la mirada asombrada de los pueblos vecinos, se vio bajar de la
montaña una fila larga de más de 50 hombres, 30 mujeres y muchos niños, meros
bases de apoyo zapatista, quienes bajaron, cargando en sus hombros por varias
horas, sacos con maíz, frijol, tostadas, pozol, pinole, azúcar, naranjas,
mandarinas, limones, calabazas, yucas, macal, agua embotellada. Luego llegaron
otras dos camionetas con ayuda. Los compas también venían a escuchar nuestro
dolor, que dijéramos qué era lo que estaba pasando, cómo estábamos. Que
sacáramos nuestro dolor, para comenzar a curarlo”. Nosotros, queremos un mundo
como ése que bajó de la montaña zapatista para ayudar al necesitado, es decir,
otro mundo.
Los
destellos del arcoiris
Los recorridos de
la Comisión Sexta
por el México de abajo, la lucha por la liberación de l@s pres@s y la Red Nacional Contra la Represión , los
Encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, el Primer
Encuentro de Pueblos Indios de América en Vícam, Sonora, el Primer Festival
Mundial de la Digna Rabia ,
las denuncias de la página de Enlace Zapatista, entre otros espacios, han
permitido escuchar y acercar la experiencia de lucha y resistencia de
campesinos, de pescadores y de pueblos indios que son un ejemplo de dignidad y
de lucha por la defensa de la tierra y el territorio. Como la que libran los
pueblos indios del Noroeste frente a los grandes proyectos turísticos, las
áreas naturales protegidas y el despojo de sus territorios, frente a las
armadoras, las compañías pesqueras depredadoras, los invasores madereros,
ganaderos y agroindustriales, frente a la renta de su tierra y al control de
sus ríos y pozos de agua. O la de las trabajadoras de la maquila que, además de
luchar por su dignidad, luchan por defender sus espacios de vida frente a la
contaminación que genera ese tipo de industria. También a campesinos sin tierra
o en proceso de ser despojados de ella.
Conocimos a los
pueblos mayas del sureste, a los rebeldes de las siete regiones de Oaxaca, a
los pueblos nahuas de la costa michoacana que dan pasos importantes en defensa
de sus territorios ancestrales, el esfuerzo del CNI que camina en la región
Centro-Pacífico y que en el Noroeste convocó, junto con la Comisión Sexta y
las autoridades de la
Tribu Yaqui , a los pueblos indios de América a la histórica
reunión de Vícam.
Este arco iris de
luchas ambientales anticapitalistas, además de convocar a la defensa de la Madre Tierra y de la
vida, ha abierto ventanas hacia la construcción de alternativas reales. La
riqueza de experiencias autónomas que desde abajo se levantan muestra que es
posible construir otra cosa. En muchas geografías del mundo, los espacios de
lucha, encuentro y solidaridad siguen sus caminos: por la defensa del agua, los
afectados por presas, por la minería, afectados ambientales, pueblos “auto-convocados”
o pueblos “fumigados” son ejemplos que muestran una urgencia. La grave realidad
de la crisis climática marca en el calendario de abajo el tiempo de una
construcción anticapitalista global. Y son pueblos indígenas y campesinos,
sobrevivientes y guardianes, quienes llevan una de las batallas definitorias:
la defensa de la tierra y el territorio, y, con ello, de las culturas y de las
formas de estar en el mundo.
Una rebeldía en
el calendario de abajo
Desde el
territorio de la tribu yaqui, el llamado a la resistencia de la vara parlante
se vuelve nuevamente murmullo: “La Tribu Yaqui-Congreso
Nacional Indígena, junto con la Sociedad Civil del Valle del Yaqui, hemos
acordado la defensa de nuestra agua, que el mal gobierno y los ricos nos
quieren despojar, porque la tierra, el viento, el agua y el fuego son elementos
de nuestro origen de la vida, no se venden y con la vida se defienden. Por lo
que convocamos a todos los pueblos, naciones, tribus, barrios, colectivos,
organizaciones indígenas y no indígenas honestas nacionales e internaciones al
Primer Foro en Defensa del Agua, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre del
2010, en la Comunidad
de la Tribu Yaqui
de Vícam, Sonora, México”
[1] Algunas
investigaciones calculan que la agricultura industrial y el sistema alimentario
mundial —producción, procesamiento, empaque, refrigeración y transporte de
alimentos— emiten entre 44 y 57 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) a nivel global. Se calcula que esas emisiones podrían ser reducidas, por
ejemplo, recuperando la materia orgánica del suelo (20 a 35 por ciento), acabando
con la concentración de la producción de carne (5 a 9 por ciento), recuperando
los mercados locales y alimentos frescos que se producen en las regiones (10 a 12 por ciento),
deteniendo el desmonte y la deforestación, principalmente el de las
plantaciones industriales y la ganaderización de gran escala (15 a 18 por ciento).
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