El conflicto en Olinalá un disparate de la Cruzada contra el hambre
Como ya lo expusimos en nuestro comunicado No13, la Cruzada contra el hambre es una política perversa. Porque en realidad no tiene intención de combatir la pobreza y el hambre. Si no combatir a las organizaciones sociales, políticas, MILITARIZAR a las comunidades y sobre todo, combatir las comunidades organizadas por la seguridad, como es el caso de la CRSJ-PCP.
Los promotores de la Cruzada contra el hambre llegan a las comunidades ofreciéndoles comedor comunitario --donde los del ejército y marina “van hacerla de cocineros”--, también ofrecen otros supuestos benéficos, como salud de calidad.
Los promotores que llegan son del CDI de Olinalá, de la UPN, SAGARPA, SEDESOL, DESARROLLO RURAL y de los ayuntamientos. Con distintos discursos tratan de persuadir a los indígenas; les hablan de obras, servicios sociales y los hacen firmar documentos; para luego, usar esas firmas por los síndicos y ediles como en el caso de Olinalá. El cual movilizó a la gente (de antorcha campesina) y la azuzó contra la Polícia Comunitaria de Olinalá. Usan las firmas para pedir la disolución de la Policía Comunitaria, con esto el edil de Olinala, creó un ambiento de confrontación al estilo típico del PRI-ANTORCHA CAMPESINA.
La CRSJ-PCP, había denunciado que Antorcha Campesina habían presumido de contar con armas, no como las que carga la PCP, si no mejores y aunque muchas veces lo negaron, ahí está la prueba, de que no sólo tienen armas de uso exclusivo del ejército, si no que son cómplices de la delincuencia que existe en Olinala y están apoyados por las
autoridades y ministerios públicos. Con todo el escándalo generado por la retención del
Síndico por la CRAC-PC, se pretenden encubrir.
La detención de Nestora “aún con sus errores” es la punta del iceberg de la política represiva del gobierno, del autoritarismo y la antidemocracia. Su detención es un pretexto para la militarización; aunque ella en algún momento pidió la presencia del ejército. La acusación que se le imputa es de facto y trivial no hay elementos para configurar tal delito; y sí, los hay en el caso del síndico.
El gobierno pretende atizar un clima político que puede tener repercusiones en todo el estado; confundir a la población y desprestigiar a la organización popular: es condenable porque habla de la incapacidad para debatir ideas y propuestas.
En tal situación la CRSJ-PCP, repudia la militarización en Olinala, donde más de 1000 efectivos del ejército y marina impiden el libre tránsito de los ciudadanos que acuden a la cabecera municipal. La presencia del ejército y la marina en proporciones exageradas, es una forma de intimidación y violación a los derechos humanos, es un hostigamiento a los ciudadanos y organizaciones de otras comunidades.
La CRSJ-PCP exige el retiro inmediato del ejército y la marina de la cabecera municipal y hace un llamado a las partes en conflicto a que usen el diálogo y entendimiento para resolver la situación; evitando la polarización del conflicto, pues si él edil sólo puede permanecer en el ayuntamiento con la presencia y fuerza militar, significa que no existe capacidad para gobernar a los olinaltecos; entonces quizá sea necesario la desaparición de poderes en Olinalá.
Llamamos al pueblo a no dejarse manipular por los discursos y promesas que promueve el gobierno a través del programa cruzada contra el hambre y exigir que cumpla con su obligación constitucional de proveer de servicios de calidad y desarrollo económico a las comunidades.
Por último, llamamos a todos quienes luchan por un México mejor y ahora desarrollan procesos de Seguridad y Justicia, a rectificar errores de métodos y estrategias, con el fin de lograr un acercamiento y construir la unidad de las comunidades indígenas. Por la defensa de sus derechos, su cultura, territorio y riqueza natural, por la VIDA.
Soberanía Popular, Libertad, Justicia, Seguridad y Paz.
La detención de Nestora “aún con sus errores” es la punta del iceberg de la política represiva del gobierno, del autoritarismo y la antidemocracia. Su detención es un pretexto para la militarización; aunque ella en algún momento pidió la presencia del ejército. La acusación que se le imputa es de facto y trivial no hay elementos para configurar tal delito; y sí, los hay en el caso del síndico.
El gobierno pretende atizar un clima político que puede tener repercusiones en todo el estado; confundir a la población y desprestigiar a la organización popular: es condenable porque habla de la incapacidad para debatir ideas y propuestas.
En tal situación la CRSJ-PCP, repudia la militarización en Olinala, donde más de 1000 efectivos del ejército y marina impiden el libre tránsito de los ciudadanos que acuden a la cabecera municipal. La presencia del ejército y la marina en proporciones exageradas, es una forma de intimidación y violación a los derechos humanos, es un hostigamiento a los ciudadanos y organizaciones de otras comunidades.
La CRSJ-PCP exige el retiro inmediato del ejército y la marina de la cabecera municipal y hace un llamado a las partes en conflicto a que usen el diálogo y entendimiento para resolver la situación; evitando la polarización del conflicto, pues si él edil sólo puede permanecer en el ayuntamiento con la presencia y fuerza militar, significa que no existe capacidad para gobernar a los olinaltecos; entonces quizá sea necesario la desaparición de poderes en Olinalá.
Llamamos al pueblo a no dejarse manipular por los discursos y promesas que promueve el gobierno a través del programa cruzada contra el hambre y exigir que cumpla con su obligación constitucional de proveer de servicios de calidad y desarrollo económico a las comunidades.
Por último, llamamos a todos quienes luchan por un México mejor y ahora desarrollan procesos de Seguridad y Justicia, a rectificar errores de métodos y estrategias, con el fin de lograr un acercamiento y construir la unidad de las comunidades indígenas. Por la defensa de sus derechos, su cultura, territorio y riqueza natural, por la VIDA.
Soberanía Popular, Libertad, Justicia, Seguridad y Paz.
CRSJ-PCP
Agosto 21 del 2013.
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