Altamira, Brasil. Cerca
de 200 indígenas que habitan los ríos Xingu, Tapajós y Teles Pires,
afectados por la construcción de plantas hidroeléctricas, ocuparon por
una semana el mayor sitio de la obra de la presa Belo Monte para
reivindicar la reglamentación de la consulta previa y la suspensión
inmediata de todas las obras y estudios relacionados con las presas de
los ríos donde viven. La autoridad ordenó su desalojo el 10 de mayo,
pero ellos salieron antes.
En conjunto con un centenar de
habitantes munduruku de las villas de Jacareacanga y Itaituba, en el
oeste de Pará, indígenas juruna, kayapó, xipaya, kuruaya, asurini,
parakanã y arara, además de pescadores y ribereños de Volta
Grande do Xingu, llegaron al local de construcción el 2 de mayo -en el
municipio de Vitória do Xingu, a 50 kilómetros de Altamira- y
paralizaron el trabajo de cerca de 6 mil obreros del sitio.
Militares de las Rondas Ostensivas
Tácticas Metropolitanas (ROTAM) ya estaban en el local cuando los
indígenas llegaron. Un agrupamiento de la fuerza de choque también fue
enviado al sitio. No hubo confrontación.
“Nuestra selva y nuestro río son uno de
los últimos patrimonios de Brasil. Es triste pensar: ¿Por qué tantas
presas en un solo río?”, cuestiona Saw Exebu, portavoz del cacique
general de los munduruku. Es la primera vez que Saw ve la construcción
de una presa en persona. “Veo el peso de esta obra. No queremos que eso
suceda en nuestras tierras. Nosotros no queremos que se construyan
presas en nuestra casa”, afirma.
Para Saw, el gobierno quiere construir
esas obras como si no hubiera vida en los lugares y resalta que “en
verdad, aunque pueda haber desierto, también ahí hay vida, y hay que
respetarla”. El munduruku recuerda las enseñanzas de sus antepasados
sobre la naturaleza: “el no indio no entiende nuestro mundo y nuestra
visión. El blanco viene y dice ‘el indio ya tiene demasiada tierra, el
indio es flojo, no es productivo’. Nosotros entendemos que la naturaleza
no existe para que acumulemos grandes riquezas. Aprendemos con nuestros
antepasados. Sabemos que tiene que ser respetada, que un árbol es útil
para nosotros, que el río es importante, la naturaleza, los animales,
pequeños insectos. Nosotros dependemos de ella. La selva nos da vida,
nos da alimento. Por eso decimos que la naturaleza es nuestra madre”.
La sabiduría de Saw es confrontada
cuando sus ojos recorren el sitio de la presa. “La sociedad del no indio
no comprende, no puede entender que tenemos nuestros propios alimentos,
no tenemos supermercados, centros comerciales, no tenemos
universidades. Tenemos la naturaleza, ella es quien nos enseña y nos da
todo”, añade.
El portavoz cree que, con la
construcción de las presas, los munduruku perderán, además de la
naturaleza, parte de sus tierras. “Nuestros antepasados cuentan que
nuestras tierras iban de Belém hasta las cabeceras del río Tapajós. Era
grande nuestro mundo. Nosotros tuvimos demasiadas pérdidas de tierras.
Ya estuvo bueno”, defiende.
Alianza
“Los munduruku tenemos una leyenda que
dice que no debemos luchar solos. Por eso vinimos hasta acá, junto con
nuestros parientes del Xingu, a hacer una alianza. La población indígena
y el pueblo de todo Brasil tienen que hacer esta alianza para combatir
los proyectos que nos quitan nuestros territorios. El gobierno tiene que
respetarnos”, afirma Saw.
Los munduruku viajaron cerca de 900
kilómetros hasta la presa de Belo Monte. “Vinimos hasta aquí para hacer
alianzas, para luchar contra los planes del gobierno de violar los
derechos de los indígenas. Aquí es el momento de reivindicar, porque
nadie nos escucha. Es nuestro derecho el de ser escuchados”.
Luis Gonzaga, indígena xipaya y vecino
de Volta Grande do Xingu, el tramo del río más afectado por la obra,
subraya la alianza establecida entre los pueblos indígenas de los ríos
Teles Pires, Tapajós y Xingu. “Nosotros nos juntamos aquí, pedimos el
apoyo de los parientes munduruku para unirnos y luchar juntos. La
situación no es mala sólo para nosotros aquí en el Xingu. Allá también
están intentando construir presas, en el río Tapajós. Ellos vinieron
para acá para que podamos luchar juntos, así como nosotros estamos
listos para luchar en casa con ellos”, concluyó.
Sobre las acusaciones de que los
munduruku están declarando la guerra contra el Estado brasileño, el
portavoz es enfático. “Nosotros sólo queremos nuestros derechos. Nuestro
pasado de cazadores de cabezas ya pasó. Nuestra lucha ya no se hace
así, y los modos de los blancos también cambiaron mucho. Hoy nosotros
sólo queremos ver nuestros derechos garantizados por la Constitución”,
explica Saw.
Cerca de 2 mil trabajadores aplaudieron a
un grupo de indígenas que fue a sus alojamientos a dialogar con ellos.
“Los trabajadores que viven en los alojamientos nos apoyan”, afirma la
segunda carta de los indígenas.
“Los obreros nos dieron decenas de
testimonios sobre problemas que viven aquí. Son solidarios con nuestra
causa y nos entienden. Tanto ellos como nosotros estamos en paz y
queremos que los trabajadores sean llevados para la ciudad. El consorcio
constructor Belo Monte necesita viabilizar la retirada de los
trabajadores a corto plazo y garantizar abrigo para ellos en la ciudad”,
afirma el documento.
Engañados
Según Gonzaga, los indígenas se sienten
engañados por el gobierno federal. “El gobierno miente, y mucho, sobre
nuestra situación aquí. Nos miente a nosotros en las reuniones y miente a
la sociedad. Ninguna promesa se cumplió. No fuimos consultados. No es
como el gobierno lo pinta. ¿Y por qué sólo escuchan al gobierno?”,
pregunta.
Policías acompañaron al asesor de la
Secretaría de Articulación Social de la Secretaría General de la
Presidencia de la República, Avelino Ganzer, hasta el sitio ocupado.
Ganzer presentó a los indígenas la propuesta de que una comisión
definida por ellos se reúna en Altamira el 6 de mayo con un grupo
interministerial. Los indígenas rechazaron la propuesta y exigieron la
presencia del grupo en el sitio de construcción ocupado, de modo que
todos puedan participar de la negociación.
“Si quieren platicar, que vengan hasta
aquí. No iremos a Altamira. Ya fuimos muchas veces detrás del gobierno y
ahora queremos que ellos vengan hasta nosotros”, declaró Valdenir
Munduruku.
Los indígenas reafirmaron que ocupan el
sitio de construcción para exigir consulta previa, con base en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
suspensión de las obras y y licitaciones en curso y el fin de
operaciones policiacas en tierras indígenas. Entre las exigencias está
también que la empresa retire a los trabajadores de los alojamientos –5
mil trabajadores duermen en el mismo sitio de construcción de la planta.
Incongruencias jurídicas
La Justicia Federal negó un pedido de la
concesionaria Norte Energía para recuperar la posesión del sitio de
construcción ocupado. La decisión consideró que “la desocupación impone
uso de la fuerza policiaca, lo que representa riesgo de muerte para los
supuestos indios y para los profesionales que participarían en el acto,
incluso considerando la anunciada presencia de mujeres y niños”, y
consideró que la pérdida financiera alegada por Norte Energía “no es
razonable” ante la posibilidad de confrontación por parte de las fuerzas
policiacas.
Para el juez Sérgio Wolney, autor de la
decisión, “la cuestión indígena y los impactos sociales de la
construcción de la hidroeléctrica generan la necesidad de tomar
precaución en el uso de decisiones unilaterales y de la fuerza para
cumplirlas”. La decisión exige que la Fundación Nacional del Indio
(Funai) intermedie la negociación con la concesionaria, y que el
Ministerio Público Federal y la Policía Federal apuren los hechos.
Otra decisión judicial, sin embargo,
camina en sentido opuesto. En el día internacional de la libertad de
prensa, 3 de mayo, se impidió que tres reporteros cubrieran la ocupación
del sitio de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. La jueza
Cristina Sandoval Collier, de Altamira, aprobó el pedido del Consorcio
Constructor Belo Monte (CCBM) de recuperar la posesión contra los no
indígenas que estaban en el lugar.
Los tres periodistas – Lunaé Parracho, fotógrafo de Reuters; Ruy Sposati, periodista del Consejo Indigenista Misionero (CIMI); y François Cardona, corresponsal de Radio France Internationale
(RFI) en Brasil – hacen la cobertura diaria de los acontecimientos que
involucran la acción de los indígenas contra la construcción de grandes
presas que afectan sus territorios. Dos de ellos fueron retirados por
cerca de cien hombres de la Policía Federal, Fuerza de Choque, ROTAM y
Fuerza Nacional, y al tercero lo multaron con mil reales (cerca de seis
mil pesos mexicanos). Un activista también fue expulsado del sitio.
“Esta decisión no tiene ningún sentido”,
afirma el abogado de la Sociedad Paraense de Derechos Humanos (SDDH),
Sérgio Martins. “Es técnicamente inconsistente. Es como si todo
argumento del CCBM fuera suficiente para que la justicia dicta a favor
de ellos”, comenta.
Para Sérgio, la decisión de la Justicia
estatal fue política. “Esta demanda es del 2011, y pretende quitar todo
el apoyo y solidaridad de las personas no indígenas, así como eliminar
la cobertura periodística en campo. Fue una decisión estrictamente
política desde el punto de vista judicial”, apunta. SDDH afirma que
entrará con una demanda exigiendo que se garantice el acceso a los
periodistas al lugar de la ocupación.
Los indígenas que ocupan el sitio se
mostraron preocupados con la prohibición de la prensa en el lugar. Según
el documento, “la cobertura periodística ayuda mucho a transmitir
nuestra voz para el mundo”.
“Nuestra protesta es pacífica. Pedimos
ser escuchados. ¿Por qué no quieren que los periodistas estén aquí?”,
cuestiona el guerrero Valdenir Munduruku. “Si algo sucede, la
responsabilidad es del gobierno”.
Publicado el 13 de mayo de 2013
Article printed from Desinformémonos: http://desinformemonos.org
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