Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta
su más grave y profunda preocupación por la situación de las personas
desaparecidas en México y hace un llamado enérgico a las autoridades a realizar
todas las medidas que sean necesarias, con el más absoluto respeto a los
estándares internacionales de derechos humanos, para dar una solución con
justicia a esta tragedia. Es obligación de las autoridades investigar de
forma diligente cada una de las desapariciones, encontrar el paradero de las
víctimas y sancionar penalmente a los responsables.
El informe de HRW expresa que el trabajo que se está
realizando en el Estado de Nuevo León es alentador en tanto ha permitido un
acercamiento entre las familias de las personas desaparecidas y las autoridades
encargadas de la procuración de justicia. CADHAC
ha sido parte de estos esfuerzos y reconoce la relevancia de los cambios
ocurridos, entre ellos una mayor apertura de las autoridades, el seguimiento de
líneas de investigación que antes no se estaban explorando, la participación
directa de las familias de las víctimas y la tipificación de las desapariciones
forzadas como delito autónomo en el código penal neolonés.
Sin embargo, sabemos que estamos lejos de vivir una
auténtica vigencia de los derechos humanos, en que se respeten todos los
derechos de las víctimas, se logren aplicar los mejores estándares de
investigación en todos los casos y haya una política pública adecuada para
evitar que casos similares sigan ocurriendo. CADHAC
está trabajando para lograr estos fines, y estima que la construcción de esa
realidad debe partir de lo ya alcanzado.
Dar solución a esta tragedia
requiere la unión de múltiples esfuerzos y perspectivas, sustentadas en un
respeto auténtico de los derechos humanos y la centralidad de las víctimas. El
modelo de defensa que ha seguido esta organización es un elemento más en esta
búsqueda de la verdad y la justicia para todas las personas que han sufrido a
causa de la desaparición forzada.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos, A.C. es una organización apartidista y sin fines de lucro,
comprometida con la igualdad y la no discriminación, que desde su fundación en
1993 se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el Estado
de Nuevo León.
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