La lucha por la posesión de tierras continúa
movilizando a campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, departamento de Colon
(Honduras), y provocando reacciones violentas por parte de grandes propietarios
de tierra y del régimen represor. Ayer (21), cuando estaban reunidos frente a
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cerca de 350 niños, mujeres, ancianos y
campesinos fueron atacados por fuerzas militares.
El desalojo violento ocurrió a base de tiros y
bombas de gases lacrimógenos. El resultado fue 28 campesinos detenidos, entre
los cuales hay dos mujeres, un menor de edad y tres personas que tuvieron que
ser llevadas con urgencia al hospital.
El lunes, campesinos que esperaban en la puerta
de la CSJ ya habían sufrido agresiones cuando aguardaban el momento en que una
comisión de organizaciones campesinas se reuniría con jueces de la sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia.
Además de los golpes físicos, los manifestantes
fueron sorprendidos con la información de que no serían más recibidos por el
presidente de la CSJ. Según informaciones del Muca, la reunión fue cancelada
porque asesores del empresario Miguel Facusse y de René Morales ya habían
acordado con el presidente un posicionamiento a favor de los propietarios de
tierra.
El Muca responsabiliza al gobierno de Porfirio
‘Pepe’ Lobo, al poder judicial y al poder legislativo por los últimos
acontecimientos y denuncia a los organismos nacionales e internacionales las
violaciones a los derechos humanos ue los/las campesinos/as hondureños sufren día
tras día.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
indígenas de Honduras (Copinh) también se solidariza con los/las campesinos/as
y repudia los actos violentos de las fuerzas militares, policiales y
paramilitares. El Consejo también critica el fortalecimiento de la política de
criminalización del movimiento campesino del Aguán.
Además de los ataques a los que reivindican la
posesión de tierras para vivir y trabajar, el Copinh también denuncia y muestra
su preocupación por las amenazas y atentados dirigidos a Donny Reyes, dirigente
LGTBI, coordinador de la Asociación Arcoiris.
Los integrantes del Movimiento Amplio por
Dignidad y Justicia (MADJ), que lucha contra la corrupción y en defensa de los
bienes naturales comunes, también están siendo blancos de amenazas constantes,
comprobando que los/las activistas/as y defensores de derechos humanos en
Honduras continúan siendo perseguidos y teniendo su trabajo social obstruido.
Desde 2010, cuando Porfirio Lobo asumió la
presidencia de Honduras después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, cerca
de 70 campesinos de organizaciones del Bajo Aguán y personas vinculadas con la
lucha por la tierra perdieron la vida. Otros aún hoy sufren persecuciones,
amenazas, intimidaciones y acciones violentas orquestadas por las fuerzas de
seguridad y por funcionarios de grandes propietarios de tierra.
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